El Senado de Brasil definirá en los próximos días el calendario del proceso contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff, suspendida por 180 días y sustituida por Michel Temer, contra quien ayer había pequeños focos de resistencia en las calles.
Pese a que en Brasil se temía que la decisión de abrir un juicio que puede acabar definitivamente con el mandato de Rousseff fuera seguida de una gran agitación popular, hasta ahora los grupos que han protestado contra el juicio fueron minúsculos.
Ayer domingo, una manifestación convocada en favor de Rousseff no reunió en Brasilia más que unas 200 o 300 personas, que protestaron en forma pacífica frente a las puertas del Palacio presidencial de Planalto, ocupado desde el pasado jueves por Temer.
El presidente interino fue tildado de "golpista" y "traidor" por los manifestantes, que se dispersaron sin ningún tipo de incidentes.
La protesta también pasó frente a la sede del Parlamento, donde en los próximos días el Senado le pondrá fechas a las fases que faltan del proceso.
Después de que el pleno de la Cámara alta aprobó el jueves 12 la apertura del juicio, por 55 votos contra 22, el trámite deberá regresar a una comisión especial integrada por 21 senadores que se abocará a estudiar las pruebas que existen contra la mandataria y escuchará a testigos de la acusación y la defensa. Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de"maquillar" sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera unas meras "faltas administrativas". Según aceptó la comisión especial antes de la votación en el pleno del Senado, esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público.
