La investigación contra la red de protección interna del penal de Cantumarca dio un giro tenebroso. El fiscal departamental de Potosí, Pablo Manrique, confirmó que se indaga si el recluso Roger Mariaca utilizaba los dispositivos móviles provistos clandestinamente para coordinar una posible evasión del recinto penitenciario.
Dado que las normas internas del penal prohíben de manera absoluta el uso de teléfonos y cualquier medio de comunicación externa para los privados de libertad, el acceso a estos aparatos encendió las alarmas en el Ministerio Público.
“En el penal están prohibidas las comunicaciones y el uso de celulares porque [el recluso] está privado de libertad; existe el riesgo de que, al comunicarse con otras personas, se esté planificando una posible evasión. Esa es una construcción lógica de cómo se van tornando los hechos. Estamos orientando la investigación para determinar si existe o no esa posibilidad. El resultado de las pesquisas dará más datos”, afirmó Manrique.
Como parte de las diligencias investigativas, la Fiscalía ya puso en marcha el rastreo de llamadas entrantes y salientes de los móviles a los que tuvo acceso Mariaca, facilitados presuntamente por la red de custodios y el jurídico del penal.
Por este caso, la Fiscalía ordenó la aprehensión de cuatro efectivos policiales y del asesor jurídico del recinto carcelario, identificados como Darwin O.H.CH., César E.S.Y., Noé G.F. y Josué G.M. (este último en su calidad de abogado asesor del penal).
El Ministerio Público continuará con las pericias técnicas para esclarecer el alcance de esta red de privilegios y determinar si el objetivo final era burlar el sistema de seguridad de Cantumarca.
Los efectivos son investigados por el delito de uso indebido de influencias, tras determinarse que habrían facilitado móviles al privado para entablar comunicación con personas externas.
De acuerdo con el informe, se habría evidenciado que el privado de libertad se comunicaba con gente del exterior incurriendo en tráfico de influencias.
De acuerdo con los antecedentes oficiales, el operativo se desencadenó el 22 de octubre de 2026, cuando el director del penal de Cantumarca recibió un informe de inteligencia advirtiendo sobre la presunta tenencia irregular de un celular por parte de Mariaca.
Una primera requisa a la celda no arrojó resultados inmediatos. Sin embargo, las entrevistas subsiguientes con los custodios permitieron identificar al asesor jurídico como el presunto facilitador del dispositivo. Asimismo, las indagaciones internas evidenciaron que otros custodios también portaban teléfonos móviles dentro del área de celdas de manera clandestina y sin registro.
El caso se encuentra actualmente en su fase de investigación preliminar. En las próximas horas, los policías aprehendidos serán formalmente imputados y el Ministerio Público solicitará la aplicación de medidas cautelares, cuya definición quedará en manos de la autoridad jurisdiccional.
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