El ministro de Educación, Omar Véliz, fue desalojado este domingo de un ampliado de emergencia en San Cristóbal, Potosí, tras la irrupción de comunarios de Río Grande que rechazaban los contratos del litio firmados por el Gobierno con empresas de China y Rusia.
La reunión, convocada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, tenía como objetivo abordar el uso de recursos hídricos y la explotación del mineral, pero fue interrumpida cuando los manifestantes tomaron la testera principal y expulsaron a empujones a Veliz y a la diputada Elsa Alí, impidiendo que las autoridades brinden explicaciones sobre los acuerdos.
Los comunarios ingresaron al recinto portando banderas de su comunidad y pancartas en las que cuestionaban la firma de los contratos. En medio de reclamos, acusaron a la diputada Alí de traicionar a las comunidades que la eligieron y denunciaron que el uso del agua de Río Grande afectará a sus poblaciones sin compensación alguna. La tensión escaló cuando el grupo volcó las mesas y exigió la salida de los representantes gubernamentales.
Veliz intentó permanecer en el salón y escuchar los reclamos sobre los proyectos y la falta de regalías por parte de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB). Sin embargo, ante la creciente presión de los manifestantes, abandonó el lugar, permitiendo que el ampliado de emergencia se reanudara sin la presencia de los enviados del Ejecutivo.
El diputado oficialista Rolando Cuéllar condenó el incidente y, a través de sus redes sociales, calificó el hecho como un “acto terrorista y antidemocrático” promovido por “grupos fascistas de derecha”. Además, pidió a la Fiscalía de Potosí investigar e identificar a dirigentes del Comité Cívico Potosinista, a quienes responsabilizó por los hechos.
El gobierno de Luis Arce firmó dos contratos para la explotación de litio en Potosí. El primero, con Uranium One Group de Rusia, prevé la construcción de una planta industrial en el salar de Uyuni con una capacidad de producción de 14.000 toneladas anuales y una inversión de $us 970 millones. El segundo, con Hong Kong CBC de China, contempla dos plantas con capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, mediante un aporte de $us 1.030 millones.
La aprobación de estos acuerdos en la Cámara de Diputados fue suspendida hasta que se cumpla la socialización con la población potosina, en medio de cuestionamientos por la falta de consulta previa y los posibles impactos ambientales en comunidades del norte del departamento.
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