La situación jurídica del alcalde titular de Potosí, Jhonny Lllally Huata, es todavía más difícil de la que fue informada ayer por este diario ya que, en una nueva búsqueda de los casos abiertos en su contra, se encontró por lo menos cuatro, con los que las acusaciones pasan de diez. Los delitos endilgados al edil tienen penas que van entre uno a ocho años de cárcel.

Desde junio de 2022, cuando se anunció que se denunciaba a Llally por la supuesta comisión de los delitos de concusión, uso indebido de influencias y cohecho pasivo propio, se presentó otras tres acusaciones en su contra. La segunda acusación fue el 20 de enero de 2023, por supuesto incumplimiento de deberes.

Las denuncias fueron recibidas y los casos abiertos, pero la situación del alcalde comenzó a complicarse el 24 de abril de 2023, cuando D.S.Q.T. presentó denuncia en su contra por la supuesta comisión de los delitos de violación y abuso sexual. Las siguientes acusaciones por supuestos delitos sexuales vinieron en cascada, el 1, 2, 16 y 17 de mayo. Por la proximidad de las fechas, parecía que se estaba ejecutando acciones acordadas.

Con el fin de sistematizar nuestra labor informativa sobre estos casos, hemos dividido todas las acusaciones, que son penales, en dos, las sexuales y penales propiamente dichas. Informamos sobre las primeras en nuestra edición de ayer, así que hoy nos ocupamos de las segundas.

En ese marco, la tercera acusación penal propiamente dicha es la que fue presentada el 11 de julio de 2023 por nombramientos ilegales y ejercicio indebido de profesión. La cuarta, también por concusión, tiene fecha del 31 de octubre y fue presentada ya cuando el alcalde estaba en la cárcel puesto que fue enviado a Cantumarca, con detención preventiva, el 1 de septiembre del año pasado.

LOS RIESGOS 

Entre junio de 2022 y julo de 2023, cuando se presentaron las denuncias penales, parecía que estas iban a ser afrontadas con el alcalde en libertad pura y simple, como ocurrió con otras autoridades antes que él, pero su detención preventiva hace suponer que estas otras acusaciones podrían entrañar riesgo de cárcel debido a que la mayoría tiene penas máximas que sobrepasan los tres años de prisión.

Las denuncias más graves son las de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y concusión, puestos que esos delitos tienen penas que van de tres a ocho años. Incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y ejercicio indebido de profesión son sancionadas con penas que van de uno a cuatro años.

Estos casos tuvieron poca cobertura mediática puesto que los periodistas se concentraron más en los casos de supuestos delitos sexuales, aunque el seguimiento de estos tampoco fue sostenido. Eso determinó que los medios no tengan un detalle de todas las denuncias y procesos, como el que ofrecemos este lunes. Un ejemplo de eso es que la audiencia del viernes, en la que se le dio detención domiciliaria al alcalde en uno de sus procesos por violación, no contó con la presencia de ningún periodista.