La Administración Autónoma para Obras Sanitarias Potosí (Aapos) encara un proceso de identificación de las cisternas que trasladan agua de las lagunas, presuntamente hacia plantas de tratamiento de minerales de la ciudad de Potosí.

El gerente interino de la entidad encargada del agua, Sergio Jancko, informó que, tras conocer el traslado irregular de agua en cisternas hacia ingenios mineros, se activó un proceso de acumulación de pruebas que servirán para sustentar un proceso judicial contra quienes logren beneficios ilegales por el uso del agua que debe ser administrada exclusivamente por Aapos.

Con intervención de un notario de fe pública, se está procediendo a la identificación de los carros cisterna que extraen agua de las lagunas, con el objetivo de identificar a los choferes y propietarios.

En base al seguimiento y a las declaraciones de los choferes, se pretende establecer cuáles son las plantas de tratamiento de minerales que compran el agua, porque esa también sería una actividad ilegal, habida cuenta de que reciben un producto cuya concesión de uso exclusivo para el consumo de la población de la Villa Imperial corresponde a Aapos.

Está prevista la presentación de una demanda penal contra todos los involucrados en el comercio ilegal del líquido, que se requiere para la población potosina en un momento en el que las reservas son bajas y se prevé el fenómeno de “El Niño”, que afectaría los volúmenes de precipitaciones pluviales, dejando a regiones como Potosí con menor cantidad de agua para la recarga de sus lagunas.

CONCESIÓN

Aapos tiene la tuición y los derechos legales sobre el aprovechamiento de las aguas de las lagunas del Kari Kari, por lo cual ninguna comunidad, persona o actividad privada puede disponer de ellas de forma arbitraria.

Lamentablemente, algunos comunarios de zonas próximas a las lagunas alegan tener algún tipo de derecho sobre las aguas y, por ello, intentan poner obstáculos a la entidad que legalmente tiene derecho a administrarlas.

La empresa del agua puede interponer demandas penales contra quienes se beneficien del líquido que no les corresponde y lograr sanciones, lo cual constituiría un antecedente para evitar que se vuelvan a presentar este tipo de abusos, aunque algunos consideran que podría existir algún tipo de “tolerancia sospechosa” por parte de funcionarios de la entidad del agua.