¡Sorpresa! Entre el 20 y el 22 de junio de este año, un total de seis personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación de Potosí, depositaron la suma total de 1.435.000 Bolivianos en la cuenta única de esa entidad con el propósito de cubrir el monto que se debía ejecutar por la boleta de garantía del contrato para la compra de 41 ambulancias a la novel empresa Stefals Logistics.

Según consta en el memorial que fue presentado por el ex secretario jurídico de la gobernación, Rubén Miranda, lo que se pretende, al depositar esa millonada, es que no exista una causal para hablar de daño económico al Estado en el caso de las 41 ambulancias que también involucra al gobernador, Jhonny Mamani.

Lo que se quiere es atar un cabo suelto. Hasta ahora, la acusación de daño económico ha sido respondida con el argumento de que no se le pagó a Stefals Logistics por las 41 ambulancias, aunque los cheques para tal fin fueron emitidos el 31 de diciembre de 2021. Tras estallar el escándalo por este contrato, y las observaciones de la Procuraduría, los cheques fueron anulados. Sin embargo, en la revisión de documentos se encontró algo más: pese a la alta cuantía del contrato —20,5 millones de Bolivianos— no se le pidió boleta de garantía a la empresa y solo se le admitió una póliza de seguro. La imposibilidad de ejecutar una boleta de garantía inexistente hizo surgir, nuevamente, la evidencia de un daño económico al Estado: el dinero que no se iba a cobrar.

“En un acuerdo conjunto de los procesados, se ha tomado la decisión de efectuar el depósito a la cuenta CUG —Cuenta Única de la Gobernación— el monto de dinero equivalente a la no ejecución de la boleta de garantía por incumplimiento del contrato”, dice el memorial.   

¿QUIÉNES Y POR QUÉ?

En el informe TES. 471/2022 que la responsable del Área de Tesorería y Crédito Público de la gobernación, Nilda Calla Estrada, elevó a la secretaria departamental administrativa y financiera, Lisbania Tejerina Calderón, el 21 de julio de este año, se confirma que seis personas depositaron diferentes sumas a la CUG por un monto total de 1.435.000 Bolivianos.

En fecha 20 de junio, los funcionarios y exfuncionarios que hicieron el depósito son Luis René Loayza Gallardo, Ricardo Rodríguez Serrudo, Rubén Moisés Miranda Castro y Leonardo Condori Mayorga. Este último es uno de los asesores estratégicos del gobernador Mamani.

El 22 de junio, quienes depositaron son Eulogio Peñaranda Cárdenas y Carla Lorena Villa Limachi. Esta última es la que depositó la menor suma, 77.800 Bolivianos. En recuadro, detallamos los montos persona por persona.

Pero el detalle es que no están todos los que son ni son todos los que están. En la lista de depositantes aparecen funcionarios de la Gobernación que no forman parte del proceso, como Ricardo Rodríguez Serrudo, Leonardo Condori Mayorga y Carla Lorena Villca Limachi. El primero depositó 139.200 Bolivianos y el segundo abonó 278.400 Bolivianos. Cuando se le preguntó a este último por qué se hizo los depósitos, respondió que “para un proceso administrativo sancionatorio”, lo que hace suponer que estas personas han sido sometidas a proceso como consecuencia de lo sucedido con el contrato de las ambulancias.

Aun así, llama la atención que las tres personas que firmaron el acta de recepción de las ambulancias, sin que estas hayan llegado al país, no estén entre los depositantes. Estas son Jorge Pablo Velarde Torrico, Carlos Alberto Aguirre Marino y David Favio Pozo Medrano. Supuestamente, no estarían respondiendo por la boleta de garantía debido a que fueron sustituidos pero se supone que esa es la misma situación de Rubén Miranda, que depositó 348.000 Bolivianos.

MILLONADA

Sumados los montos de los depósitos, estos constituyen una millonada, puesto que se trata de 1.435.000 Bolivianos. Uno de los denunciantes, el asambleísta Jaime Flores, se pregunta de dónde salió tanto dinero. “El Ministerio Público deberá averiguar el origen de estos dineros. Estos funcionarios deben explicar de dónde sacaron semejantes montos, deberá intervenirse sus cuentas y, finalmente, establecer el origen de esos dineros”, dijo.

Las observaciones de Flores tienen que ver con el hecho de que el propietario de Stefals Logistics, Luis Humberto Huanca Torrez, están en la cárcel de San Pedro, de La Paz, acusado de lavado de dinero por haber manejado montos que no guardan relación con sus ingresos. El 22 de agosto recién pasado, Daniel F. C. fue enviada a la cárcel de Obrajes por haber ayudado a Huanca en la internación de 235 vehículos al país, incluidas las 41 ambulancias. En la investigación que realiza la Fiscalía de La Paz se habla de lavado de dinero porque Huanca pagó en efectivo por los vehículos en Dubái. La pregunta de los millones es “¿de dónde proviene el dinero?” y esa fue la que se hizo al asesor Leonardo Miranda quien respondió “entorno familiar” y dijo que podría probar documentalmente su origen.

Pero Flores no cree esa versión. “En lo personal, haremos una denuncia contra autor o autores por los ilícitos de legitimación de ganancias ilícitas”, anunció.

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