Los asambleístas departamentales analizan el informe de la Procuraduría General del Estado que define indicios de responsabilidad para el gobernador y miembros del proceso de contratación.

En el documento se detalla que personal de la gobernación dio por recibidas las ambulancias en un acta firmada en diciembre del año pasado pese a que los vehículos aún no habían llegado al país.

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