La Procuraduría General del Estado (PGE) identificó siete observaciones en el proceso de contratación para la impermeabilización de las piscinas industriales Halitas, adjudicado en 2016 a la empresa Gerimex SRL por más de Bs 24 millones. El informe fue entregado a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para que la empresa estatal presente la documentación ante el Ministerio Público y se investiguen las posibles responsabilidades.

El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, explicó en un reporte de Bolivia TV, que el documento fue elaborado mediante un trabajo conjunto entre la PGE y YLB y establece una serie de hechos que podrían configurar indicios de delitos y un eventual daño económico al Estado. 

Siete observaciones

Entre los principales hallazgos se encuentra una inconsistencia en la evaluación del Formulario A-6, relacionado con el equipo mínimo comprometido para la obra, que no llegó a completarse.

También se observó que los criterios de evaluación habrían sido modificados después de la apertura de propuestas. A ello se suma la asignación de puntajes sin respaldo en los rangos previamente establecidos, lo que, de acuerdo con el informe, habría dejado parte de la evaluación sujeta a criterios subjetivos.

Otro de los hallazgos está relacionado con la ausencia de certificación presupuestaria al momento de iniciar y sustanciar el proceso de contratación. La PGE también identificó una presunta adjudicación predeterminada como parte de las observaciones remitidas a YLB.

La institución considera que estos hechos pueden configurar indicios de delitos como incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. 

Diferencia de Bs 874 mil

León explicó que Gerimex fue adjudicada pese a que otra empresa participante presentó una oferta inferior en $us 874.251, diferencia que la PGE considera un elemento que debe ser investigado. El contrato para la impermeabilización de las piscinas Halitas A-10, A-11, A-12, B-10, B-11, B-12, C-10, C-11 y C-12 fue suscrito por Bs 24.156.958,08.

El procurador señaló que el eventual daño económico no se limitaría a la diferencia entre las ofertas, debido a que el proyecto no estaría generando los resultados esperados. Indicó que el monto definitivo del posible daño deberá establecerse mediante una pericia especializada solicitada por el fiscal.

Denuncia ante la Fiscalía

León informó que YLB presentará la documentación ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

La PGE también planteó que, en el marco de la investigación, se soliciten medidas destinadas a garantizar la recuperación de los recursos públicos, entre ellas la anotación de bienes de las personas que sean identificadas como investigadas.

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