Más evidencias. Una comisión especial conformada por asambleístas de Potosí detectó un sobreprecio de Bs 777.684 en la adquisición de las 41 ambulancias realizadas por la Gobernación de ese departamento, en el último trimestre del año pasado.

La operación no llegó a consumarse, precisamente por las fallas administrativas y los indicios de corrupción que encendieron las alertas en el Ministerio de Economía el 31 de diciembre de 2021, cuando la Gobernación solicitó con insistencia el desembolso de Bs 20,5 millones para pagar a Estefals Logistics, la empresa vendedora que está vinculada con un mercado “gris” de vehículos que opera desde Chile.

El Ministerio bloqueó la operación y la Gobernación tuvo que anular los cheques que fueron firmados con el respaldo de un “acta de recepción” de esos vehículos. El documento se firmó pese a que el último día del año pasado no llegó al país ni una sola unidad. Ante este escenario, el caso fue llamado “ambulancias fantasmas”.

De acuerdo con el informe 01/2022 de la Comisión Especial de la Asamblea Departamental de Potosí, la Gobernación estableció un presupuesto referencial tomando en cuenta “la oferta más alta” de las dos que llegaron en este proceso. La primera cotización fue enviada por Toyosa, que pidió Bs 18,9 millones, y luego Estefals que solicitó Bs 20,5 millones, el monto exacto que había presupuestado el Ejecutivo departamental para esta adquisición relacionada con la lucha contra la pandemia de coronavirus.

A estas irregularidades se suma la ausencia de un Número de Identificación Tributaria (NIT) por parte del vendedor, que llegó a usar un registro ajeno para habilitarse como proveedor de la Gobernación. En el informe de la Asamblea, se lee que Mamani no envió este documento ni otros que son de carácter habilitante. 

Ayer, el presidente del Impuestos Nacionales, Mario Cazón, informó que se inició “un análisis del comportamiento tributario de la empresa que se adjudicó irregularmente la provisión de estas 41 ambulancias”. Anticipó acciones sobre la base de los resultados de esa investigación técnica.

Pero, Luis Humberto Huanca, propietario de esta compañía inscrita como unipersonal, ya no está en el país. El Deber intentó contactase con él sin éxito. Uno de sus asistentes informó que “viajó por mercadería”. Tampoco compareció ante la Fiscalía de Potosí, que investiga estas irregularidades.

Marcial Ayali, presidente de la Asamblea Departamental de Potosí, dijo que la conclusión de la Comisión Especial fue enviada a la Fiscalía y la Contraloría. Aseguro que este informe “no libera de culpa al gobernador” Jhonny Mamani, quien buscó apoyo de varios sectores y el fin de semana hizo un ritual en el Cerro Rico.

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