Con un memorial presentado dos días después de la elección del segundo alcalde, la concejala electa Ximena Prieto ha introducido un nuevo elemento en la crisis municipal, pero con un efecto distinto: lo pone en un paréntesis que se prolongará con fecha indefinida.
Según el sello de recepción de la secretaría del Concejo Municipal, el documento fue presentado a las 14:37 del jueves 18 de junio. Su encabezamiento dice que “comunica reincorporación al cargo y habilitación expresa de curul en mi calidad de concejal titular electa bajo la modalidad de teletrabajo”. Debido a la normativa burocrática del Concejo, fue leído en sesión plenaria recién ayer, viernes 26 de junio. La presidenta, Elizabeth Ugarte, afirma que el memorial será analizado en la directiva.
El informe de la comisión, y la decisión que la plenaria tome sobre este, estará directamente vinculado con la situación jurídica de Carlos Carmona, ya que este fue elegido alcalde de Potosí el 16 de junio, pasando por alto su condición de concejal suplente de Prieto. Ella misma lo apunta en su memorial, cuando señala que “el pleno del Concejo (ha incurrido) en una anomalía normativa, porque los concejales suplentes, no pueden asumir ningún cargo directivo dentro del Concejo Municipal y menos asumir la calidad de ALCALDE o ALCALDESA de un municipio”.
La titularidad o no de Carmona es uno de los elementos jurídicos irresolutos del conflicto municipal que se traduce en la existencia de dos alcaldes: Luis Alberto López Oporto, elegido el 18 de noviembre de 2019, como consecuencia de la renuncia irrevocable del titular, Williams Cervantes; y Carmona, quien fue elegido el 16 de junio tras una votación previa en la que se decidió elegir a una nueva autoridad ejecutiva para la Alcaldía potosina.
López ha cuestionado la legalidad de la votación previa por considerar que, al ser irrevocable la renuncia de Cervantes, él asumió la titularidad del cargo de manera constitucional, así que no correspondía que el Concejo intente removerlo. Por su parte, la presidenta de ese colectivo, Elizabeth Ugarte, dice que la remoción es legal, por cuanto el origen del mandato de López como alcalde está en el Concejo. Apunta, además, que la elección de noviembre fue ilegal por cuanto Cervantes no completó el proceso de su renuncia que viabilice su alejamiento definitivo del cargo.
En medio de esa ensalada jurídica está el tema de la titularidad de Carmona ya que el numeral 30 de la Ley de Gobierno Municipales señala que el Concejo tiene la atribución de elegir a un alcalde suplente solo entre las concejalas o concejales titulares y en ejercicio. Ugarte dice que, por la ausencia temporal de Prieto, que excedió de un año, Carmona asumió la titularidad.
Pero el memorial de Prieto introduce más incógnitas.
Esta concejala todavía está sometida a un proceso penal en el que se la ha prohibido acercarse al Concejo Municipal de Potosí, pero, por una parte, ella asegura que “mi situación jurídica-procesal, dentro del impedimento que generó el impedimento (sic) temporal para ejercer el cargo de concejal fue modificándose” y argumenta que ahora puede cumplir sus obligaciones de munícipe, aún sin acercarse al trabajo, en el marco del teletrabajo que, por efectos de la cuarentena por el coronavirus, está normado por el Decreto Supremo No. 4218, promulgado el 14 de abril de este año.
La concejala secretaria, Cledy Ruiz, cree que el mandato de Prieto terminó el 31 de mayo, cuando se completó el periodo de cinco años que establece la Constitución Política del Estado. La Ley 1270, de 20 enero de 2020, amplió excepcionalmente el mandato de todas las autoridades electas, pero Ruiz dice que la norma es válida para quienes estaban en ejercicio en esa fecha, así que no alcanza a Prieto.
Todos los involucrados en el conflicto admiten que la normativa al respecto tiene vacíos. El Concejo tocará el tema cuando la directiva emita su informe, en fecha no definida.
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