Son múltiples los acontecimientos del pasado agosto e inicio de septiembre. Y muchos de los titulares que han salido de ellos no son para nada anuncio de buenas noticias.
El violento divorcio entre los cooperativistas mineros y el MAS, no puede ser una cortina para que dejemos de percibir el mundo que nos rodea ni para hacer caso omiso a los anuncios de problemas en la economía nacional.
La Agencia Moodys, que seguramente no es del agrado de las autoridades nacionales, ha rebajado de estable a negativa la calificación crediticia del país. Esto porque hay un déficit presupuestario y de cuenta corriente, 6.6 y 6.9% del PIB 2015. Asimismo, porque no se perciben medidas correctivas para enfrentar las dificultades detectadas.
Por otra parte, destaca que las entidades financieras se encuentran fuertes a pesar de las regulaciones gubernamentales que restringen su política crediticia y la dirigen a vivienda social y el sector productivo.
Una de las empresas importantes del sector lácteo, sino la principal, la PIL Andina, tiene problemas para colocar su producción y sus ejecutivos informaron que en los últimos 15 meses acumulan pérdidas por 10 millones de dólares; monto que se incrementará de no vender las 12.400 toneladas de leche en polvo que tiene acumuladas.
Si el coste de producción para la PIL es de $us 4700 y el internacional oscila entre 1800 y 2200 de la misma moneda, la situación se complica y se pone en riesgo no solo a la empresa sino a los productores nacionales, en especial los de Cochabamba con los cuales no se habría llegado a un consenso para revisar el precio de la leche cruda que está fijado en 3.90 bolivianos el litro.
Los problemas nacen de la política pactada con los actores económicos y el gobierno, que fijó ese coste mencionado. Pero también fruto del contrabando de leche de los países vecinos – sobre todo de Argentina – que está matando la industria nacional. También, hay que agregar la aguda sequía que implica costos mayores para los productores lecheros y tantos otros.
Y como nuestras fronteras son extensas, nuestra institucionalidad débil, el contrabando debe ser combatido dentro de casa. No solo con la leche, sí con todo lo que producimos. Sin industria habrá desempleo, con desempleo habrá menos ingresos para el fisco porque la capacidad de gasto de los bolivianos disminuirá.
Las medidas correctivas no pueden ser postergadas porque la seguridad alimentaria peligra, la estabilidad social también. Así que llegó el momento de restringir gastos superfluos, modificar políticas y dictar medidas consensuadas que no queden el papel o sirvan para la publicidad del régimen. Se precisa de ideas y de mando, por supuesto.
Urge una acción tripartita que permita establecer un nuevo costo de la leche cruda, pero que no es suficiente para preservar la economía de productores, empresa y el interés de los consumidores así como el fisco, que recibe una buena cantidad por concepto de impuestos. Por eso se debe abrir mercados dentro y fuera del país.
El problema del contrabando debe ser atacado. Sabemos que esa actividad ilegal ha permitido que muchos trabajen, que tengan un ingreso fruto de la fortaleza – cierta o ficticia – de nuestra moneda. Además del circulante que había en las calles por la entrega de bonos, por la permisividad con los afines, por el elevado precio de nuestras materias primas, pero eso llegó a su fin y por tanto amerita una nueva visión que respete a todos.