Por fin, después de varios años durante los que su autoridad había sido franca, abierta e impunemente desafiada por los ejecutivos de Transporte Aéreo Militar (TAM), el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) ha tenido el acierto de instruir la suspensión de las operaciones comerciales de esa empresa “porque no cumple con los procedimientos para la vigilancia de la seguridad operacional establecidos”. Ha hecho así, en pocas horas, lo que una de sus dependencias, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), no se atrevió hacer durante los últimos años.
La noticia fue muy bien acogida por quienes desde hace por lo menos cinco años ven con preocupación la tenacidad con que en el TAM se niegan a someterse a lo que mandan las leyes bolivianas y las normas internacionales que regulan la actividad aerocomercial. Sin embargo, dados los antecedentes del caso, hubo también desde que fue anunciada la noticia mucho escepticismo sobre la real capacidad del MOPSV de hacer prevalecer su autoridad pues en por lo menos ocho ocasiones anteriores los mandos militares se negaron a someterse a las autoridades civiles. Y no sólo a las del MOPSV, sino también a las del Servicio de Impuestos Nacional (SIN) y la Autoridad de Control y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
Al parecer, las circunstancias han cambiado porque el trágico caso de la empresa LaMia ha puesto a las autoridades de la aeronáutica en el centro de la mira de organismos especializados del exterior, lo que las obliga a poner un mínimo de orden en los asuntos que están bajo su responsabilidad.
