Cada vez que una retroexcavadora avanza sobre una plaza de barrio, algo más que cemento se viene abajo. Se derrumban las conversaciones de esquina, los olores del mercado y los rituales que durante generaciones dieron sentido a un pedazo de suelo. Aun así, buena parte de la planificación territorial latinoamericana sigue midiendo el espacio en metros cuadrados, plusvalías y flujos vehiculares, como si los afectos fueran un adorno prescindible. Contra esa miopía técnica es dable destacar el trabajo científico (2026) de los académicos Mg. Susana Velázquez Rivera (Universidad Autónoma Tomás Frías, Potosí, Bolivia) y Mg. Gaete Coddou (Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile), articulo en que estos investigadores expresan con claridad y precisión que…”cuando la memoria afectiva es ignorada, "el espacio físico persiste, pero el lugar desaparece".
La idea no es nueva, aunque sí urgente. Ya Halbwachs (1950) sostuvo que recordar es siempre una operación social: las casas, las plazas y los caminos funcionan como anclas de la memoria colectiva, de modo que expulsar a un grupo de su entorno equivale a quebrar los marcos desde los cuales se reconoce a sí mismo. Décadas después, Nora (1984) acuñó la noción de lugares de memoria para nombrar esos nodos donde la identidad de una comunidad se condensa. En esa misma línea, Tuan (1977) describió la topofilia como el lazo afectivo que convierte la geografía en biografía. Dicho de otro modo, el territorio no es un escenario neutro; es una experiencia acumulada.
Por su parte, Giménez (2009) insistió en que el territorio, más que una dimensión físico-material, constituye un espacio apropiado y cargado de sentido por quienes lo habitan. Lindón (2009) añadió el cuerpo a la ecuación: el olor, la luz y el sonido de un lugar desencadenan respuestas que movilizan pertenencia y arraigo. De ahí que Ramírez Velázquez (2015) otorgue tanta importancia a los micro espacios de la rutina (la esquina, el mercado, la plaza barrial), cuya densidad simbólica excede su función utilitaria.
Ahora bien, la evidencia empírica reunida por los autores demuestra que esta memoria no es un lujo nostálgico. En Colombia, Díaz (2005) documentó cómo el pueblo Nasa, desplazado por la avalancha del río Páez, recurrió a los recuerdos del territorio perdido para reconstruir su identidad. En el noroeste argentino, Manzanelli (2018) observó que la comunidad diaguita Los Chuschagasta marca su territorio como espacio de memoria y resistencia, transformando el recuerdo en herramienta política. Asimismo, Gandini y Del Riego (2024) constataron que las personas desplazadas en México sufren, además de pérdidas materiales, profundas rupturas en sus referentes identitarios. Por consiguiente, la memoria, lejos de ser "un depósito inmóvil del pasado" (Velázquez Rivera y Gaete Coddou, 2026, p. 14), opera como brújula, cohesión y trinchera.
En contraste, las políticas que ignoran esta dimensión suelen fracasar incluso cuando dicen proteger. García Canclini (2009) advirtió que la recuperación de cascos históricos en Buenos Aires, Quito o Cartagena, orientada al turismo y al mercado, terminó expulsando a las poblaciones portadoras de la memoria viva. Rivero-Moreno (2022), a su vez, alertó sobre una regeneración urbana convertida en fábrica de imágenes atractivas que omite los relatos vecinales. Así, se restauran fachadas mientras se vacían los barrios: paradoja de una conservación sin memoria.
Frente a ello, existen caminos probados. En el barrio El Pozón de Cartagena, Villamil-Mejía y Blanco-Ramírez (2021) demostraron que la cartografía parlante y los talleres de mapeo comunitario hacen visible un patrimonio intangible que los instrumentos técnicos convencionales no logran capturar. Del mismo modo, Villagómez et al. (2024) comprobaron en Tilivi, Ecuador, que la planificación participativa e intercultural produce espacios públicos más sostenibles y fortalece la identidad colectiva. Tales experiencias confirman que escuchar a la comunidad no retrasa el desarrollo; lo vuelve legítimo.
Tampoco se trata de congelar los territorios en una esencia inmutable. Massey (2005) propuso entender el lugar como un cruce de trayectorias abiertas al mundo, en tanto que Haesbaert (2013) mostró que la globalización no produce una desterritorialización total, sino formas múltiples y simultáneas de arraigo. Incluso los migrantes forzados, según Coraza de los Santos (2020), reterritorializan sus destinos apoyándose en las memorias del origen. En consecuencia, reconocer la memoria afectiva no implica oponerse al cambio; exige que este dialogue con quienes lo habitan.
Por todo lo anterior, nuestros países necesitan incorporar la memoria afectiva como criterio obligatorio en sus instrumentos de planificación: diagnósticos con historia oral, equipos interdisciplinarios, protocolos de reparación simbólica para desplazados y normas que protejan el patrimonio intangible como bien colectivo. En definitiva, planificar sin memoria no es un acto técnicamente neutral: constituye una decisión política con consecuencias.
Un territorio sin recuerdos compartidos puede seguir figurando en los mapas, pero habrá dejado de ser hogar para alguien o muchos.
