A través de sus redes sociales, Nadia Beller denunció que en el país “se ha roto el Estado de derecho y la soberanía nacional con el fin de encubrir a Fernando Cerimedo” y a sectores vinculados al poder del Gobierno de Rodrigo Paz; además afirmó que actualmente no existen garantías para un proceso judicial imparcial en el país.

En su pronunciamiento, Beller cuestionó que la aprehensión de Roger Mariaca —quien investigaba al asesor presidencial y a la familia del mandatario— se fundamente en una conversación informal sostenida en marzo entre el narcotraficante Sebastián Marset y un efectivo policial durante su captura.

En dicha charla, Marset afirmó informalmente que Mariaca era “su amigo”; sin embargo, Beller remarcó que esto no constituye una declaración judicial ni una prueba por sí misma, sino la palabra de un delincuente que busca beneficios legales.

Además, cuestionó por qué las autoridades guardaron esa grabación durante seis meses sin denunciarla y decidieron actuar cuando se abrieron investigaciones contra Cerimedo por tentativa de feminicidio, legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones y posibles vínculos con el narcotráfico.

Frente a este escenario, Beller contrapuso la situación con el audio difundido por el vicepresidente Edmand Lara, en el cual se escucha a Cerimedo coordinar pagos de 15.000 dólares por vuelos de narcotráfico desde el Beni junto al entonces jefe de la Felcn. Ante la diferencia en el accionar institucional, lanzó su cuestionamiento, “¿por qué el audio de Marset vale para aprehender al fiscal, pero el audio de Cerimedo no tiene el mismo valor?”.

Asimismo, Beller denunció la existencia de una doble vara y criticó que decisiones administrativas de potencias extranjeras pretendan sustituir las investigaciones penales bolivianas de manera selectiva.

Entre sus principales advertencias destacan la intervención policial y riesgo en la custodia de pruebas, Beller denunció que la Policía —institución investigada por presuntos nexos con Cerimedo— allanó ilegalmente las fiscalías donde reposan las evidencias contra Cerimedo y el entorno presidencial.

Cuestionó quién controla a los efectivos intervinientes, quién garantiza la cadena de custodia para que no desaparezcan documentos o registros, y recordó que en su propio caso de tentativa de feminicidio se investiga a policías que habrían colaborado con Cerimedo para atentar contra su vida.

También advirtió que se estaría aprovechando la crisis para retirar a quienes investigan a Cerimedo y colocar a un fiscal general afín al Ejecutivo. Asimismo, señaló que una Asamblea Legislativa subordinada no garantizará la independencia de la nueva autoridad, lo que podría conducir al cierre de las investigaciones y a la total impunidad del entorno presidencial y de Cerimedo.

Beller concluyó sosteniendo que, al intervenir las fiscalías y vulnerar el debido proceso, ya no existe seguridad jurídica para nadie en Bolivia, y que el país atraviesa un momento crítico de su democracia.

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