El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, informó que hasta la fecha la Cancillería boliviana no recibió una respuesta oficial de México sobre el asilo concedido al exvicepresidente Álvaro García Linera. No obstante, aseguró que las investigaciones abiertas en el país por las muertes ocurridas en el Hotel Las Américas no serán paralizadas.
“Hasta este momento no tenemos una respuesta oficial”, afirmó este domingo el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, durante una entrevista con radio Panamericana. Precisó que solo cuentan con las declaraciones del propio García Linera.
La Cancillería boliviana solicitó el jueves 12 de noviembre información oficial sobre esa protección. El ministerio señaló que respeta las decisiones soberanas de otros países, pero que un asilo no suspende por sí solo los procesos judiciales bolivianos.
El exvicepresidente confirmó a El Deber el 12 de noviembre: “Ya tengo el asilo político en México”. Posteriormente explicó que se reactivó la protección que recibió en 2019, tras la crisis política de ese año. García Linera dejó Bolivia el 31 de octubre rumbo a Argentina y después se trasladó a México. Ha cuestionado el proceso en su contra y lo considera una persecución política.
“UNA HERIDA ABIERTA”
Según el periódico cruceño, Gálvez señaló que, a 17 años del operativo policial del 16 de abril de 2009, el Estado tiene la obligación de establecer cómo murieron tres personas y cómo se produjeron las detenciones. “Hay una herida abierta en la historia reciente de nuestro país”, afirmó.
En aquella intervención de una unidad policial de élite en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, murieron Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. Morales presentó el operativo como una acción contra un supuesto grupo terrorista y separatista. Las denuncias llegaron a instancias internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en un informe de fondo la responsabilidad internacional del Estado por vulneraciones de derechos humanos y recomendó reparar a las víctimas, investigar los hechos y adoptar garantías de no repetición. El caso llegó a la Corte Interamericana, que aún no ha dictado sentencia.
