América Latina atraviesa hoy una crisis socioterritorial que exige ser nombrada con la urgencia que merece. No se trata de un conjunto de conflictos aislados ni de episodios coyunturales, sino de un patrón estructural que atraviesa el continente de norte a sur: el despojo de tierras, la fragmentación de comunidades y la disputa permanente por el sentido mismo del territorio. En efecto, Berdegué y Favareto (2019) advirtieron que la desigualdad rural y la débil coordinación territorial han impedido construir modelos de desarrollo capaces de integrar a las poblaciones históricamente excluidas, lo que perpetúa brechas que ningún crecimiento macroeconómico ha logrado cerrar.
Frente a este panorama, conviene recordar que el territorio no es un simple soporte físico de la vida social, sino una construcción colectiva cargada de historia, poder y disputa. Así lo plantearon Berdegué y Favareto (2019), para quienes el territorio se configura como resultado de procesos sociales acumulados, y no como un dato geográfico neutro. En esta misma línea, Fernandes (2005, citado en Halvorsen et al., 2021) sostuvo que el territorio es, ante todo, una relación de poder y apropiación espacial, mientras que Halvorsen, Mançano Fernandes y Torres (2021) subrayaron que los movimientos socioterritoriales emergen precisamente allí donde esa apropiación es negada a quienes históricamente han habitado y trabajado la tierra.
Por consiguiente, resulta alarmante constatar que estas disputas no son excepcionales, sino constitutivas del modelo de desarrollo latinoamericano. Porto-Gonçalves (2021) ofreció una clave de lectura fundamental al vincular espacio, poder y colonialidad, mostrando que las luchas territoriales contemporáneas son, en gran medida, prolongaciones de estructuras coloniales que nunca terminaron de desmontarse. En este sentido, Betancourt Santiago (2021) profundizó esta idea al señalar que la colonialidad territorial genera violencias renovadas sobre las relaciones entre sociedad y naturaleza, violencias que hoy se expresan en desplazamientos forzados, criminalización de líderes sociales y devastación ambiental.
No obstante, el diagnóstico se agrava cuando se observa la dimensión civilizatoria del problema. Svampa (2021) planteó que el extractivismo y la crisis socioambiental configuran lo que denomina el Antropoceno leído desde el Sur global, una categoría que obliga a repensar el desarrollo no como progreso lineal, sino como un proceso que compromete la propia continuidad de la vida. Asimismo, López F. (2021) caracterizó al neoextractivismo contemporáneo como una forma renovada de despojo que profundiza la disputa por las territorialidades, incluso bajo gobiernos que se autoproclaman progresistas. De igual forma, Bolados García (2021) documentó cómo las resistencias territoriales han dado lugar a una ecología política situada, capaz de producir conocimientos alternativos frente a la lógica extractiva dominante.
Cabe destacar, además, que esta crisis tiene rostros concretos y experiencias diferenciadas. Cariño Trujillo (2021) enfatizó el papel central de las mujeres indígenas y campesinas en la defensa de la tierra - territorio, recordando que la resistencia socioterritorial no puede comprenderse sin una perspectiva de género. Por su parte, Palau (2021) expuso la magnitud del conflicto entre el agronegocio y la agricultura campesina, evidenciando cómo la concentración de la tierra amenaza formas de vida y producción sostenidas durante generaciones. En un registro similar, Tamburini (2021) analizó el caso del TIPNIS en Bolivia como ejemplo paradigmático de la tensión entre autonomía indígena y proyectos de infraestructura impuestos desde el Estado.
A su vez, la crisis se agudiza con la irrupción de nuevas fronteras extractivas. Jerez Henríquez (2021) alertó sobre la colonialidad que atraviesa la minería del litio en los salares altoandinos, un proceso que, paradójicamente, se presenta como parte de la transición energética global pero que reproduce lógicas de sacrificio territorial sobre comunidades andinas. En última instancia, Teran Mantovani (2021) añadió una capa adicional de preocupación al vincular las economías ilícitas y el crimen organizado con nuevas geografías de la violencia, demostrando que la crisis socioterritorial no solo enfrenta al capital legal con las comunidades, sino también a estas con estructuras criminales que disputan el control del espacio.
Ante este cúmulo de evidencias, resulta insostenible seguir tratando los conflictos socioterritoriales como hechos marginales o localizados. Por el contrario, como advierten en su conjunto los autores reunidos en Conflictos territoriales y territorialidades en disputa (López & Betancourt, Coords., 2021), América Latina enfrenta una crisis estructural que combina colonialidad, extractivismo, violencia y resistencia en un mismo entramado. Urge, por tanto, que la academia, las políticas públicas y la sociedad civil asuman este diagnóstico con la seriedad que exige: no estamos frente a conflictos aislados, sino frente a una crisis civilizatoria del territorio que compromete el futuro mismo de la región.
