América del Sur ha convertido la integración en una promesa que se renueva con cada ciclo electoral y se desvanece con el siguiente. Desde el fin de la Guerra Fría, la región ha fundado, refundado y abandonado organismos con una velocidad que desconcierta incluso a sus propios artífices. Tal vez por ello Van Klaveren (2017) concluía que “la realidad actual de América Latina parece más cercana a un regionalismo segmentado”, diagnóstico que evoca el mito de Sísifo: subir la piedra de la unidad para verla rodar, una y otra vez, cuesta abajo. La pregunta de fondo, por tanto, no es si la región sabe integrarse, sino por qué insiste en desintegrarse cada vez que cambia el color de sus gobiernos.
En efecto, la década dorada del regionalismo post-liberal, encarnada en UNASUR y el ALBA, descansó menos en instituciones sólidas que en la afinidad ideológica de gobiernos progresistas. Cuando el péndulo giró hacia la derecha, esa arquitectura se desmoronó con sorprendente facilidad. Lejos de corregir el vicio, la respuesta conservadora lo reprodujo con signo inverso. Según Álvarez (2019), “la creación de Prosur, un esquema supuestamente ‘desideologizado’, está, contrariamente, repleto de razones ideológicas”. De este modo, la región no superó la politización de la integración; simplemente cambió de bando y bautizó con otro acrónimo la misma lógica de exclusión.
Dicho colapso no se explica únicamente por variables materiales, como la caída de los precios de las materias primas o la crisis venezolana. Bajo una lectura constructivista, Vilca Gago (2025) sostiene que UNASUR se vació de sentido cuando se fracturó la identidad colectiva que la sostenía, y advierte que “la integración regional es frágil en contexto de polarización”. Por consiguiente, el problema sudamericano reside menos en la ausencia de tratados que en la carencia de narrativas compartidas capaces de sobrevivir a la alternancia democrática. Una institución que solo pertenece a un bloque ideológico está condenada a morir con él.
A ello se suma una paradoja que atraviesa la historia regional. Ruiz Camacho (2025) observa que, en América Latina, los intereses políticos “son un factor tanto de unión como de desunión”. Así, la misma voluntad presidencial que inaugura cumbres y firma declaraciones solemnes es la que, tras un cambio de mando, suspende membresías, retira aportes y desaloja sedes. El caso de Quito, donde el gobierno ecuatoriano reclamó el edificio que albergaba a UNASUR, constituye quizá la metáfora más elocuente de esa volatilidad: la integración tuvo casa propia, mas no logró echar raíces.
Del mismo modo, el repliegue de Brasil entre 2016 y 2022 demostró cuánto depende el proyecto regional de su mayor socio. Durante los gobiernos de Temer y Bolsonaro, el MERCOSUR fue reducido a una agenda casi exclusivamente comercial, UNASUR perdió incluso su memoria documental y la CELAC atravesó un prolongado hiato de cumbres. Con todo, Dri y Ferrari (2025) constatan que el regionalismo latinoamericano “parece haber sobrevivido a su crisis más fuerte desde el fin de la Guerra Fría”. Cabe preguntarse, sin embargo, en qué condiciones sobrevivió y a qué costo.
Ahora bien, esa supervivencia no debe confundirse con vitalidad. Nolte y Weiffen (2025) describen una trayectoria marcada por “crisis recurrentes y una sorprendente resiliencia de sus organizaciones regionales”, pero precisan que los organismos sobreviven expandiéndose hacia nuevas áreas o encapsulándose, no profundizando. En otras palabras, la región conserva las estructuras, aunque renuncia a dotarlas de autoridad efectiva. Resistir no equivale a avanzar, y un regionalismo que se limita a no morir difícilmente puede ofrecer respuestas a sociedades que demandan empleo, salud, infraestructura y seguridad.
Por otra parte, el costo de esta inercia no es abstracto. Santos-Carrillo (2025) advierte que “el regionalismo subsiste como una aspiración colectiva”, mientras sus efectos sobre el desarrollo de los Estados resultan claramente insuficientes. En un escenario donde Estados Unidos y China disputan influencia en el continente, una Sudamérica dividida negocia por separado y, en consecuencia, negocia desde la debilidad. La fragmentación, más que un asunto diplomático menor, se traduce en menor capacidad de autonomía y en oportunidades de desarrollo que se pierden.
En definitiva, Sudamérica no necesita otro acrónimo; requiere un acuerdo político mínimo que blinde la integración frente al vaivén electoral: secretarías técnicas con presupuesto estable, agendas sectoriales en salud, infraestructura y energía, y el compromiso explícito de no abandonar los foros cuando gobierne el adversario. Solo entonces la piedra de Sísifo dejará de rodar, porque la integración habrá dejado de pertenecer a un gobierno para pertenecer, finalmente, a los pueblos que dice representar.
El Sísifo sudamericano: integrarse para fragmentarse
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