El Gobierno informa que ya recortó unos Bs 8.000 millones del gasto público en lo que va del año. Reducir gastos innecesarios, revisar inversiones sin estudios suficientes y poner límite al crecimiento de la burocracia son medidas necesarias.
Pero una cosa es reducir el gasto y otra, muy distinta, es reducir indiscriminadamente la capacidad del Estado para cumplir funciones que no pueden medirse únicamente en términos contables.
El ministro de Economía, Christian Morales, informó que unos Bs 2.000 millones corresponden a planillas salariales y una cantidad similar a gastos considerados superfluos. También señaló que se redujo en 30% la masa salarial de las entidades del nivel central y sus empresas descentralizadas.
El problema aparece cuando ese porcentaje se traduce en recortes severos en instituciones cuya razón de ser no es producir utilidades, sino preservar bienes que pertenecen a todos los bolivianos.
Un caso especialmente delicado es el de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FcBcb). La Ley 1670 le encomienda mantener, proteger, conservar, promocionar y administrar repositorios nacionales: la Casa Nacional de Moneda de Potosí, la Casa de la Libertad y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), ambos en Sucre, además del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, entre otros.
En esos edificios, museos, archivos y bibliotecas se conserva buena parte de la memoria del país. Allí están documentos, libros, objetos, obras de arte y testimonios cuya pérdida o deterioro no podría repararse asignando más dinero después.
En el caso de la FcBcb da cuenta de que el ajuste salarial habría tenido allí una intensidad mayor que la anunciada globalmente. Si el recorte general fue del 30%, en determinados casos la reducción de remuneraciones habría llegado hasta el 45%. Es una información que las autoridades deberían aclarar: ¿se aplicó un criterio de austeridad racional o se descargó una parte desproporcionada del ajuste sobre instituciones vulnerables?
La conservación del patrimonio requiere personal especializado. Un archivo no se protege solamente con paredes; una colección no se conserva solamente con vitrinas; un documento histórico no se restaura por sí mismo. Detrás de cada repositorio hay archivistas, restauradores, conservadores, investigadores, bibliotecarios y técnicos.
En tiempos de crisis, la austeridad debe distinguir entre lo superfluo y aquello que sostiene servicios que el Estado no puede abandonar. El patrimonio no genera una renta inmediata, pero su conservación es una obligación pública y una responsabilidad con las generaciones futuras.
La Casa Nacional de Moneda de Potosí no es solamente un inmueble histórico: es uno de los principales repositorios de la memoria económica, política y social de Bolivia. En Sucre, la Casa de la Libertad encarna el origen de la República y el ABNB resguarda la memoria escrita del país. Debilitar las instituciones responsables puede generar un ahorro inmediato, pero también un costo cultural difícil de reparar.
El Estado tiene derecho a revisar sus planillas cuando existen excesos y gastos innecesarios. Pero también tiene la responsabilidad de saber qué capacidades elimina con los recortes. No todo puesto público es burocracia y no todo salario constituye gasto prescindible.
Por eso, el anuncio de los Bs 8.000 millones debería estar acompañado de algo más que porcentajes. La sociedad necesita saber qué se eliminó, qué se mantuvo, qué servicios fueron afectados y cuáles fueron los criterios utilizados para decidirlo.
Ordenar las finanzas públicas es una obligación. Pero un Estado financieramente más pequeño no necesariamente es un Estado más eficiente. La verdadera austeridad consiste en eliminar lo innecesario sin destruir lo indispensable.
Y la memoria de Bolivia es, sin duda, indispensable.
