La tragedia ocurrida en el Regimiento Bolívar de Viacha ha dejado una pregunta que Bolivia no debería postergar: ¿sigue siendo necesario mantener el servicio militar obligatorio?
La pregunta adquiere una dimensión dolorosa con el hallazgo del octavo fallecido. Alex Ignacio Mamani tenía 19 años. Había vivido tres años en Brasil y regresó a Bolivia para cumplir su servicio militar. Murió entre los escombros del cuartel cuando todavía le faltaban unos tres meses para concluirlo.
No se trata de utilizar esta tragedia para descalificar a las Fuerzas Armadas. Bolivia necesita instituciones militares profesionales, preparadas para defender su soberanía e integridad territorial. Tampoco corresponde anticipar responsabilidades que deberán establecer las investigaciones.
Pero precisamente por tratarse de una institución fundamental del Estado, corresponde preguntarse si el modelo vigente responde a las necesidades del país.
La Constitución plantea una cuestión que merece ser discutida. Por una parte, declara que Bolivia es un Estado pacifista, promueve la cultura de la paz y rechaza la guerra de agresión. Por otra, establece como deber de los bolivianos prestar el servicio militar, obligatorio para los varones.
No existe necesariamente una contradicción. Un Estado pacifista no es un Estado indefenso. La defensa de la soberanía forma parte de sus responsabilidades. La pregunta es otra: ¿es el servicio militar obligatorio la mejor manera de organizar esa defensa en la Bolivia del siglo XXI?
La tragedia de Viacha obliga a formularla.
Ocho personas han muerto, seis continúan desaparecidas y decenas resultaron heridas. La explosión afectó también a civiles que viven alrededor de una instalación militar. Mientras avanzan las investigaciones, han surgido interrogantes sobre el almacenamiento y manejo de material explosivo y pirotécnico, además de inventarios y procedimientos que deberán ser esclarecidos.
Una cosa es defender la necesidad de contar con Fuerzas Armadas. Otra, considerar intocable el modelo mediante el cual se organiza esa defensa.
Bolivia podría discutir, sin prejuicios ni consignas, alternativas al actual sistema: un servicio nacional que incorpore preparación para emergencias, rescate, protección civil y atención de desastres, junto con una formación militar profesional para quienes hagan de la defensa nacional su carrera.
También debe discutirse la cuestión de la igualdad. La Constitución establece la obligatoriedad del servicio militar para los varones. En una sociedad que proclama la igualdad entre hombres y mujeres, corresponde preguntarse si ese modelo conserva sentido.
Modificar la obligatoriedad no es una decisión administrativa: está inscrita en la Constitución y cualquier cambio requeriría seguir los procedimientos de reforma correspondientes, pero una norma constitucional no debe convertirse en un asunto intocable para la sociedad.
La primera obligación del Estado ante Viacha es encontrar a los desaparecidos, atender a los heridos, acompañar a las familias y establecer con transparencia qué ocurrió y quiénes tienen responsabilidad.
La segunda es aprender de la tragedia.
La muerte de Alex Ignacio Mamani y de las otras víctimas no debería quedar reducida a una cifra. Debe servir para abrir un debate nacional sobre qué Fuerzas Armadas necesita Bolivia y qué significa hoy servir al país.
La defensa de Bolivia no está en discusión. Lo que debemos discutir es cómo defenderla sin poner innecesariamente en riesgo a quienes están llamados a servirla.
