Bolivia deberá eliminar desde enero de 2027 la subvención estatal a los combustibles, avanzar hacia un tipo de cambio determinado por el mercado y reducir el déficit fiscal en el marco del programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla un financiamiento de 1.900 millones de dólares por 36 meses.
El acuerdo, plasmado en un Memorando de Políticas Económicas y Financieras, establece una consolidación fiscal equivalente a aproximadamente 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2026 y 2029. El objetivo es eliminar el déficit primario del Sector Público No Financiero y reducir el déficit fiscal global hasta cerca del 3,5% del PIB al finalizar el programa.
Una de las principales medidas será la eliminación de la subvención a los combustibles. El documento señala que los precios internos se mantendrán temporalmente durante 2026, pero desde enero de 2027 deberán avanzar hacia niveles de recuperación de costos. El Presupuesto General del Estado de ese año no deberá contemplar recursos del Tesoro ni de empresas estatales para sostener la subvención.
El programa también prevé una mayor participación privada en la importación y comercialización de combustibles. Asimismo, YPFB y las refinerías podrán importar crudo para procesarlo en Bolivia y los precios de los carburantes deberán avanzar hacia un esquema de mercado.
El memorando reconoce que la eliminación de la subvención puede generar presiones inflacionarias y efectos sobre la población, por lo que contempla fortalecer los mecanismos de protección social y crear un Registro Social Unificado para identificar a los hogares que requieren asistencia.
SEGÚN EL GOBIERNO
El Gobierno, por su parte, defendió el acuerdo. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, afirmó que el programa permitirá asegurar los $us 1.900 millones y sostuvo que no se dejará de lado a los sectores vulnerables.
“Dentro del acuerdo con el Fondo Monetario está establecido que no dejamos a un lado a los más vulnerables, continuaremos con la evaluación de cuáles son los mecanismos para transmitir recursos justamente en beneficio de estos”, remarcó.
La autoridad destacó la reducción de la inflación y programas sociales como el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), además de la implementación de mecanismos para focalizar la asistencia estatal. Según Morales, el objetivo es evitar que los ajustes del gasto público tengan un impacto mayor sobre las familias de menores ingresos.
El programa también establece que el Banco Central de Bolivia (BCB) no otorgará nuevo financiamiento neto al Gobierno. El límite fijado es cero, lo que implica que el Estado deberá cubrir sus necesidades fiscales mediante ingresos, reducción del gasto, deuda y otras fuentes de financiamiento compatibles con el acuerdo.
En materia cambiaria, Bolivia avanzará hacia un régimen flexible. Los bancos podrán comprar y vender dólares a tipos de cambio libremente negociados, mientras que la intervención del BCB quedará limitada a situaciones de desorden del mercado o riesgos para la estabilidad financiera.
