La economía no espera

La destitución del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, después de su censura por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), no es un episodio político más. Ocurre cuando Bolivia atraviesa una de sus etapas económicas más difíciles y cuando el Gobierno intenta aplicar medidas para estabilizar las cuentas públicas, enfrentar la escasez de dólares y combustibles y recuperar la confianza.
Por eso, más allá de las razones que llevaron a la censura, hay una preocupación que debería estar por encima de cualquier disputa entre poderes: la economía no puede quedar subordinada a la pelea política.
La ALP tiene una función constitucional de fiscalización y debe ejercerla. Los ministros tienen la obligación de responder ante el Legislativo y explicar sus decisiones. Nada de eso está en discusión. Lo que sí debería discutirse es si la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo puede terminar afectando la continuidad de las políticas económicas que el país necesita.
La salida de Espinoza se produce, además, en un momento particularmente delicado. El Gobierno ha negociado con el Fondo Monetario Internacional un programa de aproximadamente 1.900 millones de dólares y busca movilizar financiamiento adicional de otros organismos internacionales. El objetivo es restablecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir reservas y reducir las vulnerabilidades fiscales y externas.
No se trata, por tanto, de un cambio administrativo cualquiera.
El ministro saliente era uno de los principales responsables de las negociaciones con los organismos multilaterales. Su salida introduce incertidumbre sobre la conducción de una política económica que requiere continuidad, credibilidad y capacidad de negociación.
Bolivia no puede darse el lujo de convertir cada diferencia política en una crisis institucional.
La situación económica exige decisiones difíciles. Reducir subsidios, modificar el régimen cambiario, ordenar las cuentas fiscales y conseguir financiamiento externo son medidas que inevitablemente generan costos y resistencia. Pero postergar esas decisiones también tiene un precio, y generalmente lo pagan los ciudadanos mediante inflación, pérdida del poder adquisitivo, escasez y desempleo.
Por eso, la responsabilidad no corresponde únicamente al Ejecutivo.
La ALP debe fiscalizar, pero también debe legislar. El Gobierno debe gobernar, pero también debe explicar y rendir cuentas. Ninguno de los dos órganos puede olvidar que sus disputas tienen consecuencias concretas sobre una población que ya soporta las dificultades de la crisis.
El país necesita menos confrontación y más acuerdos.
No se trata de pedirle a la ALP que renuncie a sus atribuciones ni al Gobierno que abandone sus responsabilidades. Se trata de exigir que ambos entiendan que la crisis económica no distingue entre oficialistas y opositores.
El dólar caro afecta a todos. La falta de combustible afecta a todos. La inflación afecta a todos. La falta de empleo afecta a todos.
Y mientras los políticos discuten quién tiene la razón, la economía continúa funcionando —o dejando de funcionar— por sus propias reglas.
Bolivia necesita una política económica coherente y sostenida, no una sucesión de decisiones condicionadas por cada crisis política. Necesita instituciones que puedan discrepar sin paralizarse y poderes del Estado capaces de fiscalizarse sin convertir la fiscalización en una lucha por el control del Gobierno.
La censura a un ministro puede ser constitucionalmente legítima. Su destitución puede ser una consecuencia institucional. Pero sería un grave error que el episodio terminara afectando la estabilidad y continuidad de las medidas que el país necesita.
La economía boliviana no puede esperar a que Ejecutivo y Legislativo terminen de resolver sus diferencias.
La política puede esperar. La economía, no.