En Pocoata, norte de Potosí, tres jóvenes acusados de un robo fueron sacados de una dependencia policial, sufrieron torturas que se hicieron virales y posteriormente aparecieron muertos. Poco después, en Viacha, un niño gritaba desesperado mientras una multitud avanzaba sobre tres adolescentes acusados de robo. “No lo maten, somos huérfanos”, imploró en medio de la tensión. Entre ambos episodios existe un hilo conductor inquietante: la creciente incapacidad del Estado para garantizar que la ley prevalezca sobre la violencia.
Los hechos han generado conmoción nacional y obligan a una reflexión que va más allá de la crónica policial. No estamos únicamente frente a delitos particularmente graves o ante la indignación de comunidades que exigen respuestas. Lo que emerge detrás de estos acontecimientos es una crisis más profunda, vinculada con la confianza en las instituciones encargadas de investigar, juzgar y sancionar conforme a la ley.
No pocos observadores de nuestra singular realidad vacilan a la hora de atribuir a la mala administración de la justicia, algunos de nuestros males que, o ya son crónicos o están en camino de serlo.
Por ejemplo, de ese violento y espantoso expediente de cobrar justicia por mano propia, vía despiadado linchamiento, se coincide en que realmente es una reacción primitiva, intolerable a estas alturas, mas no faltan los que la justifican sosteniendo que es la consecuencia de la inoperancia de la justicia ordinaria.
A nadie, a menos que no estemos bien informados, se le ha cruzado por la mente siquiera la peregrina idea de adoptar los linchamientos como medida escarmentadora y ejemplarizadora a la vez. Pero son muchos los que estiman que el hecho salvaje y brutal de linchar es una consecuencia, es más bien el medio de llenar los sentidos vacíos que dejan los tribunales que administran las leyes y aplican las sanciones y las penas.
Por otro lado, viene a ser un razonamiento común y corriente aquel de que sirve muy poco o no sirva nada, que la justicia se aplique con la severidad y la equidad que cada caso delictivo requiere. Nunca, se dice con manifiesto aire de frustración, se dará un escarmiento a los que violan las leyes, a los que hieren o matan a sus semejantes, apoyándose única y exclusivamente en el texto claro e inapelable de la norma escrita. Ésta prevé cada caso y suele ser muy dura, pero de qué sirve si tan pronto como se da el veredicto para medio reparar una acción delictiva, empiezan a ponerse en juego las influencias sociales, políticas y económicas, a cuyo influjo nadie va a parar a la cárcel ni paga de modo alguno sus culpas.
Las leyes, ésta es una conclusión frecuente, no son malas, responden a las nuevas corrientes universales. Lo que no hay en este país nuestro es quienes las cumplan o quienes las hagan cumplir con idoneidad y midiendo a todos con la misma vara.
Tal decepción existe en cuanto a la eficacia de las leyes, de los códigos punitivos, que cada vez son más numerosos los que piensan que no vale la pena seguir el camino de los tribunales ordinarios. Para qué es el razonamiento general, Es perder el tiempo, es tirar la plata, es comprometer la tranquilidad personal y la de la familia, sin ningún resultado, sin posibilidad de asistir al triunfo de la ley y de sus administradores.
Es importante ser precisos. Los hechos ocurridos en Pocoatay el intento de linchamiento registrado en Viacha no constituyen formas de justicia. Tampoco pueden confundirse con la jurisdicción indígena originaria campesina reconocida por la Constitución. El orden constitucional boliviano protege la vida, la dignidad humana, el debido proceso, la defensa y la presunción de inocencia. Ninguna norma, costumbre o práctica puede justificar la tortura, la ejecución o el castigo colectivo.
