Un tribunal departamental en materia constitucional ordenó al Ministerio Público dejar sin efecto la orden de aprehensión a los secretarios ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación de Campesinos Tupaj Katari de La Paz, Mario Argollo y Vicente Salazar, respectivamente. Aunque esta fue una acción del Órgano Judicial, y no del gobierno, en los hechos se constituyó en una manera, así sea indirecta, de atender las demandas de los bloqueadores de suspender ese mandamiento como condición para asistir al diálogo. Pese a eso, los convocados tampoco atendieron ese llamado.
¿Cuál fue la excusa, esta vez? Según el comunicado oficial que la COB publicó en sus redes sociales, el Ampliado Nacional de emergencia que fue convocado para analizar el llamado al diálogo fue suspendido “por estrictas razones de seguridad y con el fin de resguardar la integridad de todos nuestros dirigentes y bases”. Al leer esas líneas es lícito preguntarse a qué se refieren los dirigentes: ¿temen detenciones masivas o, peor aún, que alguien les dispare por la espalda y después se proclame que fueron alcanzados por una bala en una “brutal represión del gobierno”?
Si temen a las detenciones, habría que recordarles o, quizás, informarles que, en un Estado de Derecho, no se puede arrestar a nadie sin una orden de aprehensión, como la que fue emitida para Argollo y Salazar. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, es inevitable mencionar el caso de Víctor Cruz Quispe que murió de bala supuestamente en un operativo de desbloqueo ejecutado por fuerzas de seguridad del Estado. El detalle es que, según se vio en la autopsia, esta persona falleció por el impacto de una bala no reglamentaria; es decir, de las que no son utilizadas ni por el Ejército ni la Policía, con orificio de entrada por atrás y en dirección de arriba abajo. Para ponerlo en términos claros: recibió el balazo de cerca y, por atrás, como si hubiera sido una ejecución. Como se sabe, luego de denunciar que Quispe murió como consecuencia de acción gubernamental, los bloqueadores ya no volvieron a insistir con el asunto, que todavía es objeto de investigación.
Si tomamos en cuenta los hechos y la documentación disponible, los dirigentes no tienen razones para temer por su integridad, por lo menos no del lado de un gobierno que, hasta la fecha, ha demostrado una prudencia que fácilmente podría ser etiquetada de tibieza o debilidad. Si temen asesinatos de sicarios, como los que ejecuta el narcotráfico, eso no tiene que ver con la coyuntura de los bloqueos, a menos que los dirigentes tengan información en contrario.
Lo que se ve, más bien, es una acción dilatoria que podría estar motivada por el hecho de que no se garantizaba que el Ampliado Nacional de la COB apruebe las resoluciones que sus dirigentes quisieran. Esta es una estrategia muy común entre dirigentes que se manejan más por el cálculo que por principios de ética sindical. Las últimas acciones de la dirigencia cobista, que pueden seguirse cronológicamente en sus redes sociales, demuestran que Argollo y compañía pertenecen a este último grupo.
¿Cómo demostramos la afirmación del anterior párrafo? Con los documentos que la COB ha publicado pues estos demuestran que la declaratoria de la huelga general indefinida, primero, y la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, después, no fueron aprobadas por las instancias de gobierno sindical que están en el estatuto obrero. El último Ampliado Nacional se realizó el 28 de abril, pero no aprobó ni lo uno, ni lo otro.
Al parecer, lo que están haciendo los instigadores de los bloqueos es extender el conflicto lo más posible, porque así desgastan al gobierno. Un día de bloqueo provoca pérdidas millonarias, así que cada jornada que se extienda es una batalla ganada para sus ejecutores.
