Con el visto bueno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que hasta este martes había abrogado la ley que impedía un Estado de Excepción dictado unilateralmente por el Ejecutivo, el gobierno del presidente Rodrigo Paz ya puede hacer uso de esa medida.
Tras la aprobación congresal, el gobierno parece haber apostado definitivamente por la vía de “la mano dura” para enfrentar un conflicto social que, al parecer, no entiende.
La medida del Estado de Excepción siempre ha estado sobre la mesa, se trata de una figura presente en todas las democracias del mundo y que se usa sobre todo para enfrentar amenazas externas. En América Latina se ha usado en países donde los índices de homicidios se habían disparado preocupantemente, como en El Salvador de NayibBukele y en el Ecuador de Daniel Noboa. En ambos casos se trataba de violencia de pandillas y de grupos íntimamente ligados al narcotráfico que siembran el pánico con fines estrictamente delincuenciales.
La abrogación de la Ley 1341, desarrollada por la Asamblea de mayoría masista durante la gestión de Jeanine Áñez, pensando sobre todo en permitir que los afines a Evo Morales continúen aprisionando al país mediante medidas ilegales como el bloqueo de caminos, era necesaria porque, en los hechos, esa norma amarraba las manos del Ejecutivo y lo convertía en su rehén, como pasó con Luis Arce.
El desamarre llega en un momento en que gran parte del país, por no decir la mayoría, está no solo pidiendo, sino exigiendo que se dicte un Estado de Excepción, pero limitado al área geográfica más afectada por los bloqueos y la violencia; es decir, el Departamento de La Paz.
La conflictividad social forma parte de la tradición política boliviana. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre la protesta legítima y las acciones destinadas a forzar la caída de un gobierno constitucional mediante mecanismos de presión extraparlamentaria. Cuando los bloqueos paralizan carreteras, impiden el abastecimiento de alimentos, afectan el acceso a servicios médicos y buscan generar asfixia económica para precipitar una renuncia presidencial, se cruza una línea peligrosa que amenaza el orden democrático.
La ciudadanía parece haber comprendido con claridad esa diferencia. Más allá de simpatías partidarias o críticas legítimas al gobierno, amplios sectores de la población han expresado un abierto rechazo a los bloqueos y a las estrategias de confrontación permanente. El cansancio social es evidente. Bolivia necesita estabilidad para recuperar crecimiento económico, empleo y confianza institucional; no puede permanecer atrapada en una lógica de conflicto perpetuo impulsada por intereses de poder que priorizan ambiciones personales sobre el bienestar colectivo.
El liderazgo de Evo Morales continúa teniendo influencia en determinados sectores sociales y sindicales, pero la utilización de esa capacidad de movilización para promover escenarios de desestabilización constituye un grave error político e histórico. Ningún liderazgo, por fuerte que sea, puede colocarse por encima de la institucionalidad democrática.
La reacción de la comunidad internacional refleja precisamente esa preocupación. El respaldo de la OEA al gobierno constitucional y su condena a la violencia envían una señal clara sobre la necesidad de preservar la estabilidad democrática. América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de las crisis institucionales prolongadas como la polarización extrema, el deterioro económico, el debilitamiento de la justicia y la pérdida de credibilidad en el sistema político. Bolivia no debería repetir esos ciclos.
