La crisis se ha estancado.
Hasta ayer, el diálogo no arrancaba porque, pese a que la mesa convocada por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) fue instalada, por la parte de los bloqueadores no estuvieron los dirigentes que convocaron a las medidas de presión que continúan asfixiando al occidente del país.
Con excepción de los radicales, a quienes no podemos considerar mayoría, son muchos los sectores que han clamado por el diálogo como la única vía para resolver esta crisis sin recurrir a la violencia. No obstante, los hechos demuestran que esa ruta no está en el mapa de los bloqueadores.
¿En qué momento comienza el conflicto? La Central Obrera Boliviana (COB) planteó un pliego petitorio centrado en un incremento salarial del 20 por ciento. Si comparamos esto con los últimos 20 años, veremos que el organismo obrero jamás había planteado un aumento de sueldos de semejantes proporciones. En 2017, por ejemplo, solicitó el 10 por ciento al gobierno de Evo Morales y, luego de negociaciones que duraron un par de días, el asunto se cerró en el 7 por ciento.
Ahí encontramos una de las muchas diferencias entre la COB de entonces y la de ahora. La anterior, de Juan Carlos Huarachi, había cruzado la línea que siempre debe dividir a trabajadores y patrones para convertirse, de manera pública y manifiesta, en aliada del gobierno de Evo Morales. Entonces, cuando Mario Argollo fue elegido en su reemplazo, la primera pregunta que se hicieron los analistas fue hasta qué punto este dirigente iba a ser una continuación de la gestión de Huarachi.
El cambio de gobierno determinó un giro de 180 grados en la relación con la COB. Durante el periodo masista, ese y otros organismos tuvieron cuotas de poder traducidas en ministerios y otras reparticiones estatales. Cogobernaban, así que tenían poder. La llegada de Rodrigo Paz, con una forma de gobernar distinta, significó el fin de sus privilegios.
La COB, entonces, no se lanzó a las calles exigiendo reivindicaciones para los trabajadores, tal cual es su razón de ser, sino con el propósito de recuperar sus espacios de poder. Solo así se entiende que haya planteado demandas que son imposibles de atender, como subir los salarios en un orden del 20 por ciento.
Las medidas de presión fueron ejecutadas de manera precipitada y sin seguir el camino trazado por el estatuto de la COB: no fue un Ampliado Nacional o, por lo menos, la reunión del 50 por ciento más uno del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) la que declaró el inicio de las protestas. Debido a ello, no existen documentos de declaratorias de medidas de presión. Los existentes son pronunciamientos que se hizo luego de reuniones realizadas en El Alto, con la participación de organizaciones que no figuran en el estatuto de la COB.
Para ponerlo más claro: Argollo y su gente, que no llegan al 50 por ciento del CEN, se desesperaron por presionar a Paz Pereira y ordenaron el inicio de los bloqueos pasando por alto toda la normativa y práctica sindical. En la visión de medios internacionales, como France 24 y la Agencia France Press, las presiones no se limitaron a la COB, sino que coincidieron con las protestas en el trópico de Cochabamba que, a su vez, fueron lanzadas inmediatamente después de que saliera una orden de aprehensión en contra de Evo Morales.
Con el paso de los días, y el agravamiento de la crisis, se emitió una orden de aprehensión, pero en contra de Argollo. Ayer, cuando se intentaba iniciar el diálogo, la COB volvió a recurrir al chantaje al pedir que se anule esa orden como condición para asistir a la convocatoria de la CEB.
Lo que falta, ahora, es que los bloqueadores del trópico confiesen que levantarán sus bloqueos solo si se anula la orden de aprehensión en contra del expresidente.
