La economía mundial atraviesa una fase de turbulencia estructural que no puede comprenderse únicamente como un ciclo recesivo pasajero. Los indicadores macroeconómicos más recientes —inflación persistente en economías avanzadas, contracción del comercio internacional, volatilidad financiera y ralentización del crecimiento en mercados emergentes— configuran un escenario de crisis sistémica cuyas raíces se hunden en las contradicciones propias del capitalismo global contemporáneo. Estamos, en términos de sociólogo Immanuel Wallerstein, ante una crisis de acumulación que tensiona simultáneamente los fundamentos del sistema-mundo y pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de regulación internacional. A diferencia de episodios anteriores, la convergencia de factores geopolíticos, climáticos y financieros hace que esta crisis sea cualitativamente más compleja y difícil de revertir con los instrumentos convencionales de política económica.
El hecho más preocupante no es la magnitud del estancamiento económico per se, sino su distribución profundamente asimétrica. Mientras los activos financieros de los sectores más ricos del planeta se recuperaron con celeridad de los embates pandémicos, los estratos medios y bajos de la población mundial han experimentado una erosión sostenida de su poder adquisitivo y sus condiciones de vida. El Informe sobre Desigualdad Global (2022)advirtió que el 10% más rico de la población concentra cerca del 52% del ingreso mundial, en tanto, que el 50% más pobre accede apenas al 8,5%. Esta brecha no es accidental ni inevitable: es el resultado de decisiones políticas que han privilegiado la estabilidad financiera sobre la cohesión social.
Desde una perspectiva keynesiana, la respuesta convencional ante crisis de esta naturaleza supone una intervención activa del Estado mediante políticas fiscales expansivas orientadas a sostener la demanda agregada y proteger el empleo. Sin embargo, el consenso neoliberal que aún rectoriza la arquitectura económica internacional ha impuesto, paradójicamente, una narrativa de austeridad precisamente en el momento en que las economías más vulnerables demandan mayor inversión pública. Los programas de ajuste estructural promovidos desde organismos multilaterales reproducen, con variaciones de forma, indicaciones que históricamente han profundizado las asimetrías Norte-Sur sin generar convergencia real en los niveles de bienestar de sus poblaciones.
La dimensión territorial de esta crisis merece especial atención analítica. Los procesos de desindustrialización, la concentración de la riqueza en pocos nodos urbanos globales y el abandono relativo de territorios periféricos y rurales han generado lo que algunos teóricos denominan geografías de la exclusión. La capacidad de resiliencia económica no se distribuye homogéneamente en el espacio: las regiones con menor capital institucional, infraestructura deficiente y escasa diversificación productiva son las más expuestas a los choques externos y las últimas en beneficiarse de los períodos de recuperación. Ello implica que la desigualdad económica es, al mismo tiempo, una desigualdad territorial que demanda respuestas de planificación diferenciadas y políticas de desarrollo con un enfoque multiescalar.
Frente a este panorama, resulta insuficiente confiar en la autorregulación del mercado o en el volcamientoespontáneo de la riqueza hacia los sectores más vulnerables. La evidencia empírica de las últimas décadas ha refutado con contundencia la teoría de que los beneficios fiscales o ayudas a los más ricos terminarán favoreciendo al resto de la sociedad, conocido frecuentemente como economía del goteo o efecto derrame, por cuanto, el crecimiento económico, sin mecanismos activos de redistribución, reproduce y amplifica las brechas socioeconómicas existentes. Lo que se requiere, en consecuencia, es una reconfiguración profunda de la gobernanza económica global que sitúe en el centro los derechos sociales, el trabajo decente y la sostenibilidad ambiental, en consonancia con los compromisos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus diecisiete Objetivos. Esto exige, a su vez, una reforma estructural de las instituciones financieras internacionales para que sus mandatos respondan efectivamente a las necesidades de los países en desarrollo.
Finalmente, hay que indicar que la actual crisis económica mundial no es únicamente un problema técnico-financiero; es, ante todo, una crisis de justicia distributiva y de legitimidad institucional. Las respuestas que se construyan deberán ser multidimensionales, incorporar explícitamente la perspectiva territorial y situar la equidad —no el crecimiento como fin en sí mismo— como criterio rector de las políticas públicas. Abordar esta crisis exige, también, fortalecer los espacios de participación ciudadana y los mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, desde el local hasta el internacional. Solo desde esa reorientación ética y política será posible edificar un orden económico internacional capaz de responder con eficacia a los desafíos del presente sin hipotecar las posibilidades de desarrollo de las generaciones venideras.
