Hay una pregunta que los planificadores urbanos rara vez se formulan con la honestidad que merece: ¿para qué sirve una ciudad? Si la respuesta es garantizar el bienestar de quienes la habitan, entonces la mayoría de las ciudades del mundo está fallando. No por falta de infraestructura ni por escasez de tecnología, sino por algo más elemental y más antiguo: la ausencia de naturaleza. Según la Organización de las Naciones Unidas, más del 56 % de la población mundial reside actualmente en entornos urbanos, con proyecciones que sitúan esa cifra en el 68 % para el año 2050 (ONU, 2022). Esa multitud vive, en su mayoría, rodeada de concreto, ruido y contaminación. La pregunta sobre qué tipo de ciudad se está construyendo resulta, entonces, urgente.
La evidencia científica acumulada durante la última década responde con una claridad que debería obligar a la acción. Twohig-Bennett y Jones (2018) analizaron 143 estudios y señalaron que la exposición a la naturaleza urbana se asoció con reducciones significativas en la presión arterial, los niveles de cortisol y la frecuencia cardíaca. A su vez, Nguyen et al. (2021) encontraron que residir a menos de 300 metros de un espacio verde redujo en un 12 % el riesgo de enfermedad cardiovascular. Estos no son datos de laboratorio abstractos: son el retrato preciso de cuerpos que se enferman o se sanan según el barrio en que les tocó vivir.
El daño, sin embargo, no es solo físico. Bratman et al. (2015) demostraron que caminar 90 minutos en entornos naturales redujo de manera significativa la actividad de la corteza prefrontal subgenual, región cerebral vinculada a la rumiación y la depresión. Paralelamente, Gascon et al. (2015) concluyeron que la proximidad a áreas verdes se asoció con menor estrés percibido, mejor salud mental autorreportada y menor prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos en la población adulta. En un mundo donde los trastornos mentales se han convertido en una de las principales causas de discapacidad global, ignorar este vínculo es una negligencia con consecuencias medibles.
Más allá de los beneficios individuales, los espacios verdes construyen comunidad. Jennings et al. (2016) argumentaron que los parques funcionaron como infraestructura social al facilitar encuentros espontáneos entre vecinos y crear oportunidades genuinas de participación cívica. Del mismo modo, Kondo et al. (2018) documentaron que la presencia de parques bien mantenidos se asoció con reducciones significativas en las tasas de criminalidad en los vecindarios circundantes, mediadas por el incremento de la cohesión social y la reducción de la fatiga mental. Un parque no es solo un pulmón verde: es un espacio donde la ciudad aprende a convivir.
A pesar de esta evidencia, el acceso a la naturaleza urbana dista de ser universal. Rigolon (2016) concluyó, tras revisar 36 estudios internacionales, que las comunidades de menores ingresos y con mayor proporción de minorías étnicas presentaron sistemáticamente un acceso inferior a parques de calidad. En América Latina, Méndez et al. (2020) documentaron que los espacios verdes de calidad tendieron a concentrarse en los barrios de mayor nivel socioeconómico, mientras las comunidades populares accedieron a espacios de menor superficie y peor mantenimiento. La naturaleza, en demasiadas ciudades, es un privilegio de clase.
Peor aún, las políticas destinadas a remediar esta brecha pueden agudizarla. Anguelovski et al. (2018) documentaron que la revitalización de espacios verdes en barrios vulnerables condujo al incremento del valor del suelo y al desplazamiento de los residentes históricos, fenómeno conocido como gentrificación verde. Por ello, Kabisch et al. (2016) propusieron el concepto de justicia verde: el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la naturaleza con independencia de su condición socioeconómica. Sin esa dimensión redistributiva, el urbanismo verde no es política de equidad, sino decoración al servicio del mercado inmobiliario.
La conclusión que se impone es incómoda pero necesaria. Bowen y Parry (2022) sostuvieron que la integración de la naturaleza en el tejido urbano debería concebirse como una política de salud pública de primer orden, comparable a cualquier intervención sanitaria convencional. La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos nueve metros cuadrados de área verde por habitante y que ninguna vivienda se ubique a más de 300 metros de un espacio verde de calidad (OMS, 2016). En la mayoría de las ciudades del mundo esa meta sigue siendo una aspiración distante. Alcanzarla no requiere tecnología extraordinaria: requiere voluntad política y la convicción firme de que la naturaleza no es un lujo, sino una deuda que las ciudades tienen con sus habitantes.
