El abogado Abel Loma denunció que María José Fernández Quiroga, actual jefa de Gabinete del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, habría ofrecido $us 50.000 y Bs 200.000 a Claudia Cortez, considerada testigo clave del caso coimas, para que desistiera de las acusaciones contra el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, y posteriormente saliera del país.
En una entrevista con el programa Periodismo Sin Photoshop, Loma explicó que la denuncia se sustenta en la declaración de su defendida. Según su versión, Fernández habría entregado dinero a través de cuentas bancarias y en efectivo, proveniente de las extorsiones a empresarios que buscaban adjudicarse contratos en esa cartera de Estado.
El abogado relató que, en 2023, cuando el escándalo comenzó a salir a la luz, Fernández habría viajado hasta Santa Cruz para reunirse con Cortez y realizarle la propuesta económica.
“Cuando ya se empieza a conocer el escándalo, la señora Fernández viajó hasta Santa Cruz, a la casa de Cortez con el fin de ofrecerle 200 mil bolivianos para que, primero, desista de la denuncia, y luego salga del país a cambio de otros 50 mil dólares”, sostuvo Loma.
Las declaraciones volvieron a cobrar relevancia luego de que el miércoles circulara un video en redes sociales en el que Fernández aparece ocultando un vaso de cerveza que se encontraba junto al ministro Aramayo durante una cena en un restaurante de España.
La funcionaria también fue coordinadora de despacho del exministro Santos Cruz, posteriormente candidata a diputada por Pando en la plancha del Movimiento Al Socialismo (MAS) que postuló a Eduardo Del Castillo y, al inicio del Gobierno de Rodrigo Paz, fue designada gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Investigación y alerta migratoria
Loma señaló que, según los antecedentes del proceso, Fernández tenía una alerta migratoria dispuesta por la Fiscalía, en el marco de una imputación por favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
La medida se habría sustentado en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que identificó movimientos económicos y recursos en sus cuentas bancarias que no guardarían relación con sus ingresos legales, además de advertir un posible riesgo de fuga.
El abogado cuestionó que Fernández se encuentre actualmente en España junto a Aramayo, quien acompaña al presidente Rodrigo Paz en una gira por Europa, pese a que, según indicó, la alerta migratoria que también alcanza a su defendida continuaría vigente.
El caso de las coimas se destapó durante la gestión del expresidente Luis Arce, luego de que Cortez revelara el cobro de al menos Bs 20 millones a empresarios a cambio de contratos en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La testigo señaló que el dinero estaba destinado a Santos Cruz y que las exigencias de mayores pagos terminaron afectando la calidad de los materiales utilizados en algunas obras.
Parte de los recursos investigados estaría relacionada con tres proyectos financiados por la Unión Europea para mejorar la calidad del agua en Viacha, un asunto que también es objeto de una investigación interna de ese organismo internacional.
Dos procesos por el caso coimas
La investigación se abrió en 2023 contra 16 personas y fue dividida en dos procesos. En el primero, el exministro Santos Cruz y dos de sus familiares ya recibieron una sentencia, aunque se conoce que se encuentran en libertad.
En la segunda causa figuran Fernández, otros exfuncionarios de alto rango y la propia Cortez. De acuerdo con Loma, los investigados todavía no fueron sometidos a una audiencia de medidas cautelares, instancia en la que se debe definir si se defienden en libertad o bajo detención preventiva.
El jurista también reveló que el 12 de agosto de este año, el hijo de Cortez, igualmente procesado en el caso, remitió una carta a Aramayo para ponerlo en conocimiento de los antecedentes de Fernández, incluida su vinculación política con el MAS. Según esa comunicación, la funcionaria ya formaba parte del equipo de trabajo del actual ministro desde su paso por la Cancillería.
Para la elaboración de esta nota se solicitó la versión del Ministerio de la Presidencia sobre las acusaciones contra Fernández y la situación de su alerta migratoria. Sin embargo, hasta el cierre de edición no se recibió una respuesta.
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