La Cámara de Senadores aprobó un crédito de $us 30,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a impulsar la modernización de los sistemas de alumbrado público en Bolivia, mediante la incorporación de tecnología LED y herramientas digitales que contribuirán a mejorar la eficiencia energética y optimizar los recursos públicos.
El proyecto de ley fue tratado ayer, tras su aprobación en la Cámara de Diputados. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
El financiamiento está destinado al Programa para el Desarrollo de la Eficiencia Energética en Sistemas de Alumbrado Público en Bolivia, que contempla la sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED, la incorporación de sistemas inteligentes de medición y control del consumo eléctrico, así como el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos municipales, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Economía.
La implementación de estas tecnologías permitirá avanzar hacia sistemas de iluminación más eficientes, reducir el consumo de electricidad y disminuir los gastos operativos asociados al alumbrado público, contribuyendo a una mejor administración de los recursos y a la calidad de los servicios destinados a la población.
En el marco de sus atribuciones, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) participa en el análisis de las condiciones financieras y la sostenibilidad del endeudamiento público, promoviendo una gestión responsable de las operaciones de crédito externo orientadas a inversiones de desarrollo.
El préstamo contempla un plazo de 19,6 años, incluidos 10 años de gracia, y un período de desembolso de cinco años. El repago de la deuda corresponderá a las entidades territoriales autónomas beneficiarias, mientras que la ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
Con esta aprobación legislativa, se avanza en el proceso para implementar inversiones destinadas a modernizar los servicios públicos, promover el uso eficiente de la energía y fortalecer las capacidades de gestión municipal, bajo criterios de sostenibilidad financiera y administración responsable de los recursos públicos.
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