El Gobierno y los alcaldes de las nueve ciudades capitales y de El Alto suscribieron este martes en La Paz un acuerdo para avanzar en la Agenda 50/50 con una metodología progresiva y diferenciada, que incluye la revisión de competencias, reformas normativas y nuevos mecanismos de financiamiento para los municipios.
El documento establece tres ejes de trabajo: libertades y eficiencia autonómica, reformas normativas, y acuerdos fiscales para avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos. El presidente Rodrigo Paz informó en sus redes sociales que el acuerdo se firmó también con la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB). “Reconocemos que cada municipio es distinto: no hay una sola fórmula para todos. Por eso, la Agenda 50/50 avanzará de manera progresiva y diferenciada, con corresponsabilidad, transparencia y resultados verificables”, escribió.
Antes de la reunión, el Presidente afirmó que la Agenda 50/50 debe avanzar de manera ordenada para fortalecer las capacidades municipales y superar el centralismo. También informó que el Banco Mundial apoyará el proceso con asistencia especializada en pacto fiscal, salud, educación y dominios tributarios.
Precisamente, entre las conclusiones, figura la revisión de las competencias de cada nivel de Gobierno, con el fin de identificar duplicidades, vacíos y cargas financieras. En materia de financiamiento, las partes acordaron evaluar la estructura de ingresos municipales y auditar los recursos de coparticipación tributaria de los últimos años. Además, se analizarán nuevos criterios de distribución que, junto con la población, considerarán la capacidad fiscal, el esfuerzo recaudatorio, el dinamismo económico local, las necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humano y los costos reales de los servicios urbanos.
Otro punto establece que, en un plazo de 15 días, el nivel central dará una respuesta técnica sobre tres alternativas para el 12% del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (Fpieeh): suspender su aplicación a los municipios en 2027, devolver los recursos de 2025 o aplicarla de forma progresiva. La evaluación corresponderá a los ministerios de Hidrocarburos y de Economía.
