La Defensoría del Pueblo, expresó su preocupación ante la denuncia pública presentada por la Fundación para el Periodismo y Bolivia Verifica, relativa a la conminatoria de rectificación y retiro de un contenido periodístico en un plazo de 72 horas por parte de la “Comisión de Derechos Humanos y Atención a Víctimas para las Naciones Unidas Bolivia”.
El defensor del pueblo Pedro Callisaya recordó que lLa libertad de expresión, opinión e información son derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales. Su ejercicio pleno exige que cualquier reclamo o desacuerdo con una publicación se tramite estrictamente conforme a los procedimientos legales establecidos.
En este contexto, la fijación de plazos perentorios bajo apercibimiento fuera de las instancias competentes puede desnaturalizar las vías ordinarias de reclamo y generar un efecto inhibitorio sobre el trabajo periodístico. Quienes consideren lesionados sus derechos deben acudir a las vías institucionales y a los mecanismos de autorregulación o rectificación previstos por norma, garantizando siempre el debido proceso.
Por lo que la defensoria insta a la referida Comisión a encauzar sus observaciones exclusivamente a través de los canales legales e institucionales correspondientes, y recuerda el deber de resguardar las garantías constitucionales que protegen el ejercicio libre y seguro de la labor informativa de la Fundación para el Periodismo y Bolivia Verifica.
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