La Defensoría del Pueblo alertó sobre la posibilidad de una reactivación e incluso intensificación de los conflictos sociales durante los próximos 90 días, tras la ampliación del estado de excepción, debido a que persisten demandas no atendidas y varios sectores permanecen en fase de preconflicto.

La advertencia forma parte del Reporte N° 06/2026 de “Monitoreo Defensorial del Estado de Excepción”, presentado por el defensor Pedro Callisaya en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales. El documento analiza los primeros tres meses de aplicación de la medida —vigente entre el 20 de junio y el 18 de septiembre de 2026— y advierte sobre los riesgos asociados a su prolongación.

Según el informe, aunque el estado de excepción permitió una rápida desescalada de los bloqueos en carreteras —que pasaron de 42 puntos activos a cero en apenas tres días—, esto no implicó la resolución de las causas estructurales del conflicto. En ese sentido, la institución remarca que la medida operó principalmente como un mecanismo de contención temporal.

A través de sus sistemas de monitoreo SIMAT y SAT, la Defensoría registró 128 eventos de conflictividad durante el periodo evaluado. De estos, el 43% se concentró en el tramo final, entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre, evidenciando un repunte de tensiones y una diversificación de demandas hacia ámbitos laborales, salariales, de salud, educación y minería.

Uno de los ejes más persistentes de la conflictividad fue el relacionado con los combustibles. Inicialmente, las protestas giraron en torno al abastecimiento y la calidad; sin embargo, el escenario cambió tras la emisión del Decreto Supremo N° 5676, que fijó en agosto un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, lo que generó rechazo y nuevas medidas de presión como los “tractorazos”.

El informe también da cuenta de que, al cierre del periodo, el 57% de los conflictos se encontraba en fase de escalamiento, mientras que el 27% permanecía en etapa de preconflicto, lo que —según la Defensoría— constituye una “alerta temprana” frente a la posibilidad de nuevas movilizaciones.

Ante este panorama, la institución instó a las autoridades a priorizar espacios de diálogo intersectorial y a aplicar políticas públicas que atiendan problemas clave como el abastecimiento de combustibles y el encarecimiento del costo de vida. Asimismo, recomendó un seguimiento preventivo de los conflictos incipientes para evitar su escalada.

En relación a los operativos durante la vigencia del estado de excepción, la Defensoría recordó que estos deben ejecutarse con respeto a las garantías constitucionales. Informó que se registraron 16 aprehensiones: cinco personas obtuvieron libertad pura y simple, cinco recibieron detención domiciliaria, tres accedieron a medidas sustitutivas y tres fueron enviadas con detención preventiva en centros penitenciarios de La Paz.

Además, reportó dos personas heridas en los operativos y el seguimiento al accidente aéreo ocurrido en Sayari, Cochabamba, donde fallecieron seis personas, caso que es investigado por el Ministerio Público.

Finalmente, la Defensoría indicó que desplegó 84 acciones defensoriales en los nueve departamentos del país, incluyendo labores de verificación en estaciones de servicio, terminales y centros de salud, como parte de su labor de monitoreo durante la aplicación del estado de excepción.

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