El Gobierno chileno retiró este martes la polémica reforma constitucional de seguridad que buscaba establecer un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Congreso, propuesta que generó un rechazo político transversal y que descartó para apostar por un texto de consenso con senadores de distintos sectores.
«Nosotros como gobierno no vamos a perseverar en la reforma que habíamos ingresado», sentenció el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.
La reforma constitucional proponía crear un nuevo estado de excepción a discreción presidencial, limitar la libre circulación de las personas, el derecho a reunión y asociación e intervenir las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio.
Una reforma de este calibre hubiera necesitado el apoyo de cuatro séptimas partes del Senado, algo imposible por el rechazo que generó el proyecto en toda la oposición e incluso en parte del oficialismo.
Tras retirar la propuesta gubernamental, Alvarado apoyó el trabajo de un grupo de senadores a cargo de elaborar un textio alternativo y aseguró que su contenido «satisface lo que el Gobierno busca para tener los instrumentos y la herramienta para combatir de mejor manera el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia».
Las modificaciones de Kast
El proyecto, en cuya elaboración participaron los senadores oficialistas Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (Renovación Nacional), además del opositor Pedro Araya (Partido por la Democracia), está previsto que ingrese mañana al Senado para dar curso a su discusión parlamentaria.
«Nos han presentado un texto que aborda las principales materias que son de interés para el gobierno para avanzar en el combate del crimen organizado, tener una mayor segmentación penitenciaria y avanzar en el perfeccionamiento de los estados de excepción constitucional», dijo por su parte el ministro chileno de Seguridad, Martín Arrau.
En total, ocho fueron las modificaciones a la Carta Fundamental chilena presentadas por Kast en agosto pasado en el marco de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), además de un paquete de 19 iniciativas legales que ya se estaban tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas.
Si bien Chile se mantiene dentro de los países más seguros de la región, el crimen organizado se ha asentado en su territorio a través de diversos negocios ilegales, transformándose en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y el Ejecutivo.
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