Un fiscal y dos efectivos policiales fueron secuestrados por pobladores del municipio de Ixiamas, en el departamento de La Paz, cuando cumplían labores relacionadas con una investigación penal, denunció este martes el fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga.

A tiempo de lamentar las agresiones contra el funcionario del Ministerio Público y los efectivos policiales, Quiroga exhortó a los dirigentes y pobladores involucrados a establecer un diálogo inmediato para resolver el conflicto y resguardar la integridad física de las personas retenidas.

«No se puede permitir que un fiscal que está cumpliendo una labor investigativa sea tomado por personas y golpeado. El diálogo siempre es el camino y las agresiones, no», señaló el fiscal departamental.

Los hechos se suscitaron después de que el representante del Ministerio Público ejecutara un mandamiento de aprehensión, lo que habría provocado la reacción de un grupo de pobladores que inicialmente buscó dialogar con el fiscal y posteriormente habría ingresado por la fuerza a las instalaciones de la agencia fiscal de Ixiamas.

Según la información recibida por el Ministerio Público, el fiscal Javier Soliz y dos funcionarios policiales habrían sido retenidos contra su voluntad y agredidos físicamente. Además, se reportó que fueron llevados hasta un cepo, situación que generó preocupación por su integridad física y su vida.

Por su parte, el coordinador general de la Fiscalía Departamental de La Paz informó que estos acontecimientos estarían relacionados con una investigación por la muerte de Ignatiy Valisevich, ocurrida el 16 de septiembre de 2016, cuyo proceso se encontraría en etapa de juicio. En el marco de las actuaciones investigativas y ante la existencia de nuevos elementos, se habría dispuesto la aprehensión de una persona oriunda de la región.

Quiroga ponderó la intervención de la Policía, que logró retirar del lugar a la persona aprehendida y desplegó un contingente policial para atender la situación. Además, reiteró que la justicia comunitaria no constituye una justificación para ejercer violencia contra autoridades que cumplen funciones legalmente establecidas.

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