El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se presentó este jueves ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en representación del Órgano Ejecutivo, en el marco del tratamiento de la continuidad del Estado de excepción.

Durante su intervención, la autoridad defendió la solicitud de ampliación de la medida y afirmó que el objetivo central es resguardar la vida y seguridad de la población. “Lo hacemos para cuidar la vida de los ciudadanos, la economía de nuestro país, preservar la sobrevivencia de grandes y pequeños productores y los derechos al trabajo, educación, comercio y libre tránsito de comerciantes, gremialistas, cuentapropistas y transportistas”, sostuvo.

Oviedo explicó que la decisión busca garantizar condiciones de normalidad frente a conflictos sociales y bloqueos que, según el Ejecutivo, han generado graves afectaciones económicas y sociales en el pasado.

“Venimos a pedir que se garantice el derecho que tienen todos los bolivianos y las bolivianas de vivir en paz y trabajar. Reafirmamos que el estado de excepción no puede continuar, para proteger los derechos de la gente, evitar que los bloqueos causen nuevamente un daño, ya referido antes de tres mil millones de dólares y provoquen luto, dolor a los ciudadanos de esta patria”, señaló.

En su informe, el ministro presentó además datos preliminares sobre la ejecución del Estado de excepción, en cumplimiento de la normativa vigente. Indicó que los ministerios de Gobierno y Defensa, junto a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, realizaron un total de 12.910 operativos a nivel nacional.

Asimismo, detalló la movilización de 209.831 efectivos policiales y 26.917 militares en tareas de apoyo, además del uso de 22.267 medios de transporte logístico. Según el reporte, se ejecutaron 151 acciones de desbloqueo y se registraron 26 aprehensiones a nivel nacional.

El ministro aclaró que estas cifras son preliminares y serán complementadas en un informe final de rendición de cuentas que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional al concluir el periodo del Estado de excepción, conforme a lo establecido en la Ley 2670.

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