El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó este viernes ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un informe sobre la desarticulación de una organización criminal presuntamente vinculada al narcotráfico y que, según la investigación, operaba desde el Ministerio Público, en el marco del análisis de la situación jurídica e institucional del fiscal General del Estado, Roger Mariaca.
El informe detalla que el 30 de septiembre se aprehendió en La Paz a Rubén Aparicio Villarroel, identificado como cómplice de Roger Mariaca, fiscal general del Estado y Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz; esa misma noche y madrugada del 1 de octubre se capturó a Mariaca y Zeballos en el aeropuerto Viru Viru; y en Sucre se aprehendió a Martín Irusta Flores cuando instigaba a funcionarios a sustraer equipos y expedientes para obstaculizar la investigación policial. En total se comunicaron 14 aprehensiones.
La imputación formal presentada el 2 de octubre identifica a cuatro personas: Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Rubén Aparicio y Martín Irusta, por tráfico de sustancias controladas y organización criminal, con solicitud de detención preventiva. De forma paralela, el fiscal Daniel Ortuño informó el hallazgo de Bs 3.532.100 y $us 10.000 en una ambulancia que salía del domicilio de Mariaca en Santa Cruz.
El documento vincula el caso con la estructura de Sebastián Marset, quien evitó su captura en 2023 y fue capturado el 13 de marzo de 2026 por la Policía Boliviana. A finales de septiembre se difundieron audios y videos donde Marset afirma que contaba con la amistad y protección de Mariaca y menciona al exministro Eduardo Del Castillo y al entonces capitán Aparicio, hoy mayor, como encargado de trasladar dinero a ambos.
Las actuaciones fueron ejecutadas por la FELCN con personal de inteligencia, con requisas, secuestro de documentos, teléfonos y registros fotográficos. El ministro Oviedo aclaró que las 14 aprehensiones corresponden al operativo global, mientras la imputación formal actual comprende a cuatro personas, cuya situación probatoria y flujos financieros deberán ser acreditados en la investigación.
Finalmente, el informe presentado por Oviedo señala que la investigación debe preservar la continuidad del Ministerio Público y su independencia funcional, y que cualquier controversia sobre competencias deberá resolverse por la vía legal, pudiendo la Asamblea solicitar por los canales correspondientes las actas originales, informes complementarios y certificaciones para ejercer sus atribuciones constitucionales. Se adjuntan cinco anexos documentales.
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