Por primera vez en su historia, Bolivia enfrenta una coyuntura crítica donde coinciden una crisis económica y una crisis energética. Según el análisis de Raúl Velázquez, experto en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, este fenómeno no es reciente, sino que su punto crítico se manifestó en 2023 debido a la drástica caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), aunque las señales de alerta datan de mucho antes.
Un problema estructural de larga data
El origen de la crisis actual se remonta a 2015, año en que la producción de gas natural y líquidos comenzó a declinar de forma sostenida. Esta caída es importante para entender el escenario actual, ya que el gas era el principal generador de divisas para el país.
Velázquez señaló en Correo del Sur Radio que, ya en 2015, Bolivia importaba el 45% del diésel consumido, pero en ese entonces las autoridades estaban más enfocadas en una nueva reelección de Evo Morales que en atender estos indicadores preocupantes.
La situación fue descrita por el analista como un problema estructural derivado de una mala administración. En este esquema, YPFB se convirtió en una empresa generadora de empleo político más que de gas, descuidando sus capacidades técnicas y la actividad de exploración. Además, no existían condiciones legales ni incentivos para atraer inversión privada en exploración.
La falta de dólares
El “problema grueso” identificado por Velázquez es la escasez de dólares. Dado que el país ya no produce lo que consume, debe importar combustibles, y para ello se requieren divisas y precios reales. Esta dependencia crea un círculo vicioso ya que sin dólares no hay energía, y sin energía no hay economía que se pueda reactivar.
En entrevista con este medio, enfatizó que la solución no es solo sectorial, sino que depende de una decisión macroeconómica que resuelva los problemas de la balanza de pagos. Los anuncios recientes, como los acuerdos con Petrobras en Brasil o la importación de crudo para refinar localmente, son vistos como “parches” o avances menores que requieren prudencia y cautela, ya que no resuelven el fondo del asunto.
De hecho, señaló que durante los periodos de supuesto abastecimiento regular, se llegó a importar combustible de mala calidad que dañó el parque automotor, situación que generó desconfianza y daños económicos a la población.
Nuevas medidas
Como una vía de escape, el analista valoró el Decreto 5644, que permite a privados importar combustible y venderlo a precios de mercado, corrigiendo errores de decretos anteriores que pretendían mantener subsidios insostenibles para el sector privado. Aunque ya hay interesados, advirtió que la implementación logística tomará tiempo.
Respecto a una nueva Ley de Hidrocarburos, Velázquez sostiene que esta es urgente para generar condiciones de inversión, pero aclaró que es un proyecto de largo plazo cuyos resultados tangibles se verían recién en unos cinco años.
Perspectivas hacia 2028
El panorama para los próximos años según el analista es desafiante:
- Importación de Gas Natural: Al paso actual, para 2028 o 2029, Bolivia tendría que empezar a importar gas natural, lo que supondría un impacto económico masivo dado que el precio de importación es significativamente más alto que el subvencionado internamente.
- Ajuste de Precios: Considera una tarea imperativa ajustar el precio del gas al mercado interno, ya que fijar precios artificialmente solo hace que el ajuste futuro sea peor.
- Energías Renovables: Considera que es necesario priorizar proyectos de hidroeléctricas, que podrían ofrecer energía más barata, siempre y cuando las termoeléctricas dejen de operar con gas subsidiado que distorsiona la competencia.
Velázquez precisó que Bolivia está en una situación más complicada que otros países de la región y que el éxito de cualquier reforma dependerá de la seguridad jurídica y de un cambio en la mentalidad social respecto al cumplimiento de acuerdos y leyes.
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