El exministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó este sábado a los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de extorsionar y cobrar dinero semanalmente a personas particulares o jurídicas que dependen de sus fallos en sentencias constitucionales.
Estas declaraciones surgieron tras la reciente sentencia constitucional que anuló la convocatoria realizada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, para aprobar una ley que buscaba destituir a los magistrados prorrogados. No obstante, la misma sentencia validó la aprobación de un crédito y el decreto de indulto.
Romero calificó dicha sentencia como “una decisión absolutamente cínica, delictiva, delincuencial, de unos ‘autoprorrogados’ que han perdido lo poco de moral que tenían seguramente”.
Indicó que cualquier recurso que ingrese a la jurisdicción constitucional, ya sea una acción de libertad o un amparo constitucional, es negociado por los magistrados, quienes exigen sumas de dinero. Además, afirmó que cuando estos intentan distanciarse del Gobierno, son amenazados con investigaciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), y los obligan nuevamente a alinearse con el poder político.
