La resolución de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, que declaró improcedente una acción de amparo de Soboce, no era para resolver la ejecución del fallo judicial que ordena el pago de 744 millones de bolivianos a favor de Fancesa, sino para confirmar el rechazo de una denuncia penal en contra de un juez en Sucre.
El abogado externo de Fancesa, Paul Tolavi, informó a Correo del Sur Radio que el juez en materia civil Juan Carlos Quispe, dentro de una demanda de Fancesa por competencia desleal contra Soboce, dictó una resolución ordenando que la cementera paceña pague a la chuquisaqueña dicha suma de dinero por daños y perjuicios. Esta determinación fue apelada ante instancias superiores en el Tribunal Departamental de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que confirmaron el fallo en última instancia.
Empero, la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) planteó una denuncia contra el juez Quispe por prevaricato, la Fiscalía la rechazó y esta determinación fue impugnada con una acción de amparo. Pero, finalmente, la Sala Constitucional Segunda de La Paz no dio curso a ese recurso y dejó incólume el archivo de la causa.
