El abogado Cristian Mina reveló por medio de Correo de Sur Radio que instituciones gubernamentales de Perú iniciaron una investigación formal que confirma el pago de 200.000 euros al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por parte del Grupo Gloria.
El proceso, impulsado por el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Valores del país vecino, dio lugar a la apertura de un expediente preliminar contra el conglomerado empresarial en el ámbito comercial.
Según los informes obtenidos, el desembolso de los fondos no se realizó de manera directa, sino que se habría utilizado una empresa ficticia denominada “Focus Social Rat”, creada exclusivamente para facilitar el traspaso de este dinero. Aunque en declaraciones previas en España el exmandatario alegó que los servicios correspondían a una “asesoría estratégica de marketing”, la documentación presentada ante las autoridades peruanas especifica que el pago fue por asesoría estratégica vinculada a la expropiación de acciones.
Mina destacó que esta certificación oficial complica la situación legal de Zapatero y respalda las investigaciones realizadas anteriormente por la policía española. El abogado sostiene que estos hechos apuntan a la existencia de una presunta organización criminal que habría involucrado a Zapatero y al expresidente boliviano Luis Arce, resultando en un perjuicio económico para Fancesa.
Por su parte, la empresa Soboce admitió haber contactado a Zapatero en 2024 para la prestación de servicios de “asuntos públicos” relacionados con el reclamo del pago por la expropiación de acciones, asegurando que el cobro de los 200.000 euros se realizó debidamente a través del sistema financiero.
No obstante, la compañía rechaza tajantemente que la misión del político español fuera interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia, afirmando que su rol se limitó a promover un acuerdo entre las partes.
Mina subrayó que, mientras en Perú las autoridades comerciales ya actúan sobre el caso debido a que es la sede oficial del Grupo Gloria, en Bolivia ninguna instancia como el Ministerio de Economía o las autoridades de fiscalización de valores iniciaron procesos similares hasta el momento.
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