La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) afirmó este jueves que la contratación “plenamente legal”, entre 2024 y 2025, del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero “nunca estuvo relacionada” con el litigio con la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), sino que tuvo por objeto “recibir una opinión profesional” sobre el impago de la indemnización a cargo del Estado boliviano por la expropiación de sus acciones en la cementera chuquisaqueña. La empresa lo señaló así en un comunicado difundido en La Paz, en respuesta a las últimas informaciones aparecidas en medios.
Soboce y sus accionistas recordaron que desde hace 16 años reclaman al Estado Plurinacional de Bolivia el pago “por la expropiación” de las acciones que la firma tenía en Fancesa, decretada en 2010 y que, según señalaron, permanece impaga. La deuda está valorada preliminarmente en más de 260 millones de dólares, según la cementera paceña.
En el comunicado, la empresa rechazó “rotundamente las acusaciones interesadas vertidas por determinadas personas que aparentan representar a Fancesa”, y sostuvo que quienes las lanzan son conscientes de que “carecen de base”. Añadió que la contratación de Zapatero, tal como se comunicó públicamente en su momento, buscaba una “opinión profesional experimentada” sobre el incumplimiento del pago de la indemnización. Según Soboce, esa visión, por la trayectoria del exmandatario español, “aportaría valor” para decidir el curso de acción más idóneo en resguardo de sus intereses, entre los que se valora la activación de la jurisdicción internacional.
La empresa indicó que, en paralelo, ella y sus accionistas remitieron por el canal oficial una notificación formal de controversia al Estado boliviano, bajo el Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca con el Gobierno de la República de Perú, en la que insistieron ante las autoridades sobre la deuda por la expropiación. Sobre la respuesta estatal, afirmó que fue “el silencio sistemático, la inaceptable postergación” y, en la práctica, la negativa a cumplir la ley y a escuchar un reclamo que calificó de “totalmente válido bajo el derecho internacional”.
El pronunciamiento de Soboce se produjo dos días después de que se conociera que la Audiencia Nacional de España avaló que la investigación abierta a Zapatero incluya un pago de 200 mil euros que el expresidente cobró del grupo empresarial peruano Gloria por intermediar, presuntamente, con las autoridades de Bolivia, por la indemnización pendiente de pago a Soboce en el caso de competencia desleal a Fancesa. Según informó la agencia EFE, que tuvo acceso al auto de la sección tercera de lo Penal, el tribunal desestimó el recurso de la defensa, que pedía excluir del procedimiento un informe policial que apuntaba a ese pago.
En ese informe, de junio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional implicó a Zapatero en una dinámica para “tratar de mediar o influir” a favor del grupo Gloria en litigios con la Administración Pública de Bolivia. Los magistrados sostuvieron que de las comunicaciones de los dispositivos intervenidos en el registro de la oficina del expresidente, realizado en mayo, “surgieron los nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria”.
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