El juez ha rechazado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto de delito de malversación, como le había pedido la Fiscalía Anticorrupción, por haberse quedado con joyas que según el exlíder del PSOE le habría regalado el rey de Arabia Saudí en 2007, cuando el dirigente socialista estaba al frente del Ejecutivo.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Zapatero pudo incurrir en malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas que le regaló el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido, y que se hallaron en una caja fuerte de su oficina en un registro policial el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señala que no fue hasta 2013 cuando la ley de Transparencia estableció expresamente que los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan los usos sociales o de cortesía y por tanto, en 2007, no había norma que impusiera que dichos regalos quedaran automáticamente incorporados al patrimonio estatal.

La ley en 2007

En 2007 lo que regía era un Código de Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros en 2005, que, según el juez, tenía una «evidente naturaleza ética y de autorregulación institucional, pero carecía de valor normativo suficiente para determinar la titularidad pública de bienes o para ampliar los elementos objetivos del delito de malversación».

Una interpretación contraria supondría, según el auto dictado este viernes, «convertir pautas de conducta o principios de buen gobierno en auténticas fuentes de incriminación penal».

Y agrega que aunque la apropiación de las joyas pueda suscitar «reproches de naturaleza ética o política», «no cabe afirmar que constituyeran patrimonio público a efectos del delito de malversación por la mera circunstancia de haber sido recibidos en consideración al cargo» porque entonces no existía una norma legal que obligara a incorporarlos automáticamente al patrimonio estatal.

Por el hallazgo de más de 60 piezas de joyería en una caja fuerte en su oficina -incluidos tres juegos valorados en más de un millón de euros- Zapatero está investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando.

Hace unos días, el juez pidió a la Policía investigar quién es el fabricante y el país del que proceden estas joyas, después de que la joyería Yanes descartase en un informe que proviniesen de la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos o los países árabes al analizar una marca aparecida en las joyas.

El juez deja en suspenso las inspecciones de Hacienda

En un segundo auto, Calama reconsidera su decisión y acuerda finalmente paralizar las inspecciones tributarias a Zapatero, su mujer, sus hijas, el empresario Julio Martínez Martínez y varias sociedades.

Calama rechazó adoptar esta medida, solicitada hace unos meses por Zapatero y la propia Hacienda, al considerar que su investigación no afecta a delitos fiscales y que por tanto no hay identidad entre los hechos investigados.

Una nueva petición de la Agencia Tributaria para suspender su procedimiento con el objetivo de interrumpir los plazos de prescripción ha llevado al juez a acceder a dicha suspensión al constatar el «bloqueo» en la inspección de Hacienda por la negativa de Zapatero y el resto de afectados a aportar la documentación requerida al alegar vulneración en su derecho de defensa.

Dice el juez que su nueva decisión no supone «contradicción alguna», sino un cambio en el escenario derivado de una estrategia procesal que, «con independencia» de su «eventual acierto» -dice Calama- afecta a la inspección tributaria.

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