Dos resoluciones de acción de amparo de las salas constitucionales de Pando y Beni dejaron en la incertidumbre las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre. Los vocales de ambas salas ordenaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la devolución de listas de candidatos a las comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que estas instancias subsanen vulneraciones a los derechos de dos postulantes.

El presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, calificó a estas resoluciones como un “golpe a la democracia”, pero anunció que la Sala Plena se reunirá este miércoles para analizar los fallos y asumir la determinación que vea conveniente.

Después de varias suspensiones, este martes coincidieron las dos audiencias: la de Pando en la mañana y la de Beni en la tarde.

CONVOCATORIA DESIERTA

La Sala Constitucional de Pando dispuso declarar desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que, para la conformación de las listas, no se cumplieron los parámetros de equidad de género, plurinacionalidad y representación departamental territorial, además de que se incorporó a “candidatos aplazados”.

Los vocales también observaron que no se alcanzó el número mínimo requerido de postulantes por departamento, impidiendo una votación en igualdad de oportunidades.

Otra causal para declarar desierta la convocatoria a las elecciones judiciales fue la falta de presencia de mujeres e indígenas y de un número mínimo de postulantes a nivel nacional para conformar el nuevo TSJ, según un documento al que accedió CORREO DEL SUR. 

Con estos antecedentes, la Sala Constitucional de Pando concedió la tutela a María Esther Caero, candidata al TSJ por ese departamento.

Caero denunció que se había preseleccionado a una postulante que no cumple con el requisito de residencia en este departamento.

En el caso de Beni, la Sala Constitucional Primera declaró desierta la convocatoria para postulantes al TSJ y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El accionante Hugo Vargas Palenque, quien postulaba al TSJ, reclamó haber sido excluido pese a tener nota de aprobación.

En su resolución, los vocales constitucionales ordenaron que el TSE devuelva a la ALP las listas de candidatos para el TSJ y el TCP por incumplimiento de los requisitos de idoneidad, equidad y meritocracia.

Al conceder la tutela al accionante, dispusieron que sea incluido en la lista de habilitados por Beni. “Al evidenciarse la ausencia de equidad, género, idoneidad, meritocracia y participación indígena originaria campesina en la lista de candidatos al TSJ y al TCP, respecto a los departamentos, se debe establecer la declaratoria de desierta la convocatoria a magistrados para el TSJ y TCP”, dijo el vocal presidente Charles Mejía, que también fue inhabilitado como candidato al TSJ en la fase de preselección.

“Se ordena al TSE la remisión a la ALP de todas las listas de candidatos a efecto de que sean subsanadas respetando los parámetros establecidos en la presente resolución”, agregó el vocal en su resolución. 

Johan Echevarría, abogado del accionante Hugo Vargas, expresó su satisfacción por esta resolución que la considera como “una victoria” porque permitirá la habilitación de su patrocinado como postulante al TSJ que le fue arrebatado en la fase de preselección.

Los dos amparos fueron resueltos por vocales constitucionales que ya participaron en la postergación de las elecciones judiciales.

La vocal Celsa Salazar en Cobija (Pando) ya paralizó la preselección en abril de este año, cuando atendió un amparo contra el proceso. En Beni el vocal, Charles Mejía fue candidato al TCP por Beni; pero fue inhabilitado.

SOBRE EL TEMA

- Jorge Luis Sotelo Beltrán, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, aclaró que la acción de amparo que favoreció a la accionante solo afecta al TSJ y no a las otras tres instituciones judiciales.