El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene en sus manos dos recursos de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1740 que regula el Estado de excepción pero no habrá sentencia mientras no haya certidumbre sobre si los cuatro magistrados hacen quórum para resolver las acciones normativas consideradas contrarias a la Constitución Política del Estado.
En los últimos días, la comisión de admisión del TCP aceptó tramitar dos acciones de inconstitucionalidad abstractas en contra de la Ley que reglamenta el Estado de excepción en Bolivia. La norma impugnada está vigente porque no existe ninguna medida cautelar que lo deje en suspenso y fue promulgada contra los bloqueos de carreteras que pusieron en vilo al país durante 53 días.
De acuerdo con el procedimiento constitucional, con la admisión de los recursos se abre el trámite para la elaboración de la sentencia respectiva, pero la misma puede tomar su tiempo hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancione una ley transitoria que le dé certidumbre al TCP para la resolución de acciones de inconstitucionalidad.
NO IMPUGNA TODA LA LEY
El magistrado Dávalos aclaró que ninguno de los recursos de inconstitucionalidad admitidos atacan al contenido íntegro de la ley impugnada, sino solamente a algunos artículos que son considerados contrarios a la CPE.
Una de las demandas fue activada por los diputados Rolando Santos Pacheco y Basilia Cruz Bernal, y la otra por el senador Wilber Veliz Armas.
“Hay dos acciones de inconstitucionalidad abstractas admitidas en contra de la ley de Estado excepción que fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, señaló Dávalos. Agregó que había otras acciones similares, pero fueron rechazadas por no cumplir los requisitos de forma.
Tras la admisión, Dávalos dijo que corresponde la notificación al presidente de la ALP, instancia que generó la norma impugnada, para que presente su informe en un plazo de 15 días; con o sin ese documento, el TCP procederá al sorteo de las acciones a uno o dos magistrados relatores a la espera de una sentencia que debe ser firmada por el pleno de los magistrados.
MÁS TUTELARES
El 90 por ciento de las casi 20.000 causas que recibió el TCP se tratan de acciones tutelares (amparos, populares, libertad) y solo un 10 por ciento de acciones normativas, señaló la presidenta de este alto tribunal, Paola Verónica Prudencio.
