El Órgano Judicial planea un plan de austeridad en sus gastos debido a que arrastra un déficit de 85 millones de bolivianos que ponen en riesgo el pago de haberes en los últimos meses del año. Las autoridades judiciales iniciaron gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir esta situación de iliquidez. Desde la Amabol sugieren reducir la planta administrativa en la Dirección General Administrativa Financiera y en el Consejo de la Magistratura.

Un primer síntoma de esta situación de iliquidez es la demora en el pago de salarios a los funcionarios por el mes de agosto, lo que hasta la fecha no se ha concretado.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, admitió la semana pasada que la mayor dificultad se dará en el pago de salarios, porque es a este rubro que se destina el mayor porcentaje de los recursos que percibe el Órgano Judicial, tanto de ingresos propios como por la venta de valores en Derechos Reales y del Tesoro General del Estado (TGE).

“Lo que existe como un déficit es 85 millones de bolivianos. Se están haciendo las gestiones para que esos recursos sean cubiertos por el Órgano Ejecutivo, de tal forma que no tengamos mayores dificultades hasta el cierre del presente año”, señaló Jaimes antes de complementar que aún no se tiene una respuesta a dicho pedido.

FUNCIONAMIENTO EN RIESGO

Paralelamente a las gestiones para conseguir recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la autoridad judicial indicó el viernes que, en una Sala Plena del jueves pasado, se hizo un análisis de la situación económica del Órgano Judicial y también de la aplicación de escenarios de mayor austeridad. 

Jaimes advirtió que de no conseguirse los recursos adicionales al presupuesto, estaría en riesgo el funcionamiento del Órgano Judicial para culminar con la etapa de transición a los nuevos magistrados que asumirán el próximo año.