Bolivia registró 29 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 presentado este martes por Transparencia Internacional (TI), dos unidades menos que la puntuación de 31 conseguida en el estudio del año precedente y por debajo del promedio regional de 43 sobre 100.
La puntuación obtenida en 2023 situó al país en el puesto 137, mientras que en 2022 estaba en el lugar 126, según TI.
El reporte de Transparencia Internacional señala que la falta de independencia del poder judicial en la región es uno de los principales problemas que frenan el combate a la corrupción.
Precisamente en el país la efectividad de la Justicia está en tela de juicio desde hace décadas por una crisis provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.
Esta crisis persistió pese a algunos intentos por superarla, como la elección por voto popular cada seis años de las altas autoridades del Órgano Judicial que introdujo la Constitución vigente desde 2009.
Los comicios judiciales celebrados en 2011 y 2017 fueron cuestionados por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS) para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los comicios que debían celebrarse a fines de 2023 no prosperaron porque la preselección de candidatos se estancó en el Legislativo, de mayoría oficialista, que estos días intenta ponerse de acuerdo para convocar a un nuevo proceso para dar curso a estas elecciones.
La decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar su mandato y el de otros magistrados de los máximos tribunales del país para evitar un “vacío de poder” mientras se realizan las nuevas elecciones desató críticas de la oposición y del expresidente Evo Morales, que está distanciado del Gobierno de Luis Arce.
