En 2022 las denuncias de tortura y malos tratos registradas por la Defensoría del Pueblo sumaron 113 casos, de las cuales el 71 por ciento corresponde a la Policía, institución que sigue liderando el uso de esta práctica ilegal como método de investigación.

La segunda institución más denunciada fueron las Fuerzas Armadas con 10 casos, seguido por el Ministerio de Gobierno con seis casos y el Ministerio de Defensa con cinco casos.

De 2013 a mayo de 2022, la Defensoría del Pueblo admitió un total de 1.033 denuncias por hechos de tortura y malos tratos a nivel nacional. En la gestión 2014 se registró la mayor cantidad de casos con 210.

En la última década no se conoce que algún proceso penal por tortura haya llegado a juicio y mucho menos a sentenciar a algún funcionario público. El caso actual más emblemático es el del apicultor de Apolo Juan Bascopé Cari que lleva un proceso de más de ocho años por las torturas que sufrió, sin embargo, el caso sigue entrampado en la investigación fiscal.

Pese a que el Comité contra la Tortura (CAT) realizó hace más de 20 años la recomendación al Estado boliviano para que modifique el artículo 295 del código penal que tipifica este delito y lo adecúe a estándares internacionales, hasta la fecha no se cumple. Hubo varios intentos de adaptar la figura penal a la exigencia de la CAT sin resultados.

En esta gestión, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional remitió al Legislativo nacional hace dos meses el proyecto de “Ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos” en el que está incluida la modificación del artículo sobre tortura y otras figuras penales. 

El proyecto de Ley fue recibido el 8 de marzo por la presidencia de la Cámara de Diputados, de acuerdo a los registros, y a la confirmación del viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, sin embargo, el documento aún no llega a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

“No tenemos por ahora remisión alguna del proyecto de ley que menciona, sin embargo, estamos atentos a cualquier iniciativa del Órgano Ejecutivo y también de algunos legisladores o de la ciudadanía, para poder, nosotros, normar o ajustar a los estándares internacionales, si el caso amerita”, dijo a ANF la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Magaly Gómez.

De acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, los lugares o momentos en los que mayormente ocurren las torturas son durante el arresto policial, en las cárceles, en las celdas policiales, en el cuartel militar y durante la represión policial, principalmente.

Juan Carlos Ledezma, coordinador del Mecanismo de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, explicó a ANF en una anterior entrevista que el artículo 295 del Código Penal sobre el delito de tortura no reúne las condiciones ni los elementos de los estándares internacionales y mantiene penas muy bajas que van desde los dos hasta 10 años de cárcel, en caso de producir la muerte. Además, dijo que el mencionado artículo no describe de manera adecuada los elementos de la tortura como el sujeto activo, el posible autor y solamente lo circunscribe a funcionarios públicos. Además, solo considera víctima a la persona que tiene la calidad de detenida.

Siles reiteró que el proyecto de Ley "ha sido presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este momento está radicado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, solo que es parte del proyecto que le hemos denominado de Cumplimiento de compromisos internacionales, donde además de esta modificación (sobre la tortura) se hacen otras incorporaciones y otras modificaciones a otros tipos penales, cuyas recomendaciones de modificación e incorporación emergen de informes de Estado que hemos presentado”.

La autoridad explicó que las modificaciones tienen que ver con las recomendaciones del Comité contra la Tortura, por ejemplo, que pidió la reformar el tipo penal de tortura, pero también con las recomendaciones del Comité de Derechos Civiles y Políticos, del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y el Comité contra la Discriminación.

“Hemos recogido, vale el terminó, todas las recomendaciones de organismos internacionales y lo hemos plasmado en un proyecto de ley que le hemos denominado cumplimiento de compromisos internacionales”, señaló el funcionario.

El viceministro reconoció que la recomendación de modificación del artículo 295 del código penal sobre tortura lleva más de dos décadas sin cumplirse, pero que ahora está en manos del legislativo y sus plazos.

"Esperemos pues que se cumplan los plazos que ellos tienen para poder pronunciarse como Comité, después será como Comisión y el pleno de Diputados", indicó.

Recordó que parte del cumplimiento de las recomendaciones del CAT fue dotar de independencia al Mecanismo contra la Tortura -antes Servicio de Prevención contra la Tortura (Sepret)-, al transferirlo del Ministerio de Justicia a la Defensoría del Pueblo.

Siles indicó que como Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales les preocupa cualquier hecho de tortura que ocurra en el país y saben que las instituciones donde se producen la mayor cantidad de estos delitos son la policía y las cárceles, por lo cual realizan monitoreos y seguimientos para generar políticas públicas.

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