En el proceso por el robo de 14 proyectos en la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), la Fiscalía determinó ampliar la investigación contra 14 empresarios por cinco delitos y emitir las alertas migratorias correspondientes. El caso inició con la denuncia contra seis funcionarios y ahora suman 20 los implicados en la adjudicación ilegal de la construcción de escuelas en la zona Sud de Cochabamba, por un monto de 52,8 millones de bolivianos.
“Por todo lo expuesto y a los fines de cumplir con la observación realizada por los investigadores asignados al caso, y tomándose en cuenta la relación de la presente investigación, es preciso preservar que los denunciados no salgan de territorio nacional, al haberse abierto un proceso penal, más aún cuando son delitos de corrupción, en el cual se tiene como víctima al mismo Estado de Bolivia”, señala la solicitud de alerta migratoria firmada por el fiscal anticorrupción, Vladimir Bolívar.
FUNCIONARIOS
El requerimiento está dirigido a la Dirección Nacional de Migración, lleva adjunta una lista de 20 nombres, la fundamentación de cinco delitos y fue emitida el 3 de abril, día en que se aprehendió a los dos primeros imputados, la técnico encargada de la regional Cochabamba, arquitecta Lucy Raquel M.F., y el responsable de “Región Centro UPRE”, Luis Alejandro M. V. Ambos fueron conducidos a celdas de la Felcc, luego de prestar su declaración informativa.
