El Órgano Judicial tuvo que devolver al Tesoro General del Estado (TGE) aproximadamente 11 millones de bolivianos, no invertidos en 2022, debido a las acefalías de vocales y jueces a quienes tenía que pagar ese monto si estaban en funciones. Esto no solo afecta al trámite de causas, sino también al porcentaje de ejecución presupuestaria, que está a cargo de la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) y cuyo gasto el año pasado alcanzó al 93% del total de recursos.
“Se ha hecho una devolución por falta de nombramientos de jueces y personal, que corresponde al Consejo de la Magistratura. Pero hay que mencionar que hay otras variables que no atingen al Órgano Judicial, como declaraciones desiertas de convocatorias, amparos constitucionales… No es una excusa, pero la población debe conocer”, explicó a CORREO DEL SUR el titular de la DGAF, Alberto Ruiz, después del informe de Rendición Pública de Cuentas final 2022 realizado el viernes.
El funcionario reveló que el Órgano Judicial tiene presupuestados Bs 1.192 millones para este año (en 2022 fueron Bs 1.092.424.205,76). De aquel monto, el 70% corresponde a recursos propios, sobre todo de la recaudación de Derechos Reales, el 30% restante al Tesoro General del Estado (TGE).
