El abogado Jorge Valda denunció que la justicia mantiene en la cárcel al dirigente cocalero Raúl Uría por más de 50 días pese a no contar con alguna prueba que lo implique en el delito de tráfico de armas, por el que se le acusa.

“A él se lo ha denunciado por tráfico de armas, pero hasta ahora no se ha presentado una sola munición, explosivo o arma que hubiese sido traficado por Raúl Uría, no existe ningún elemento de prueba”, enfatizó Valda en entrevista con ANF.

El presidente de la Juventud Yungueña fue detenido cerca de las 02.00 de la madrugada del 15 de septiembre por efectivos de la policía y sin tener orden de aprehensión -como se ha hecho habitual en Bolivia- y luego fue llevado a la ciudad de La Paz.

Marina Vargas, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, institución que acompaña el caso, aseveró que cuando el dirigente fue detenido no llevaba ni una mochila con ropa, pero los policías le sembraron pruebas, otro accionar ilegal que se va naturalizando.

“Le hicieron aparecer una mochila portando dinamita y otros objetos, y supuestamente estaba yendo a armar conflictos”, dijo a ANF en una anterior entrevista.

Este viernes se llevó a cabo una audiencia de apelación de las medidas cautelares y la vocal ratificó el riesgo procesal emitido la semana pasada por el juez Amaru, sin identificar a quién podría obstaculizar, señaló Valda.

“Mantienen aún la decisión de que permanezca privado de libertad sin siquiera saber a quién podría obstaculizar, qué actos podría impedir, es decir, existe un total estancamiento en el proceso de Raúl Uría”, denunció.

El jurista indicó que, al agotarse esta instancia, corresponde ir a una Acción de Libertad que será planteada en las próximas para seguir insistiendo en la libertad de Uría.

“No puede ser que una persona esté encarcelada sin ninguna prueba, sin una sola prueba con la cual se le pueda sindicar”, remarcó Valda.

Uría permanece detenido 50 días en el penal de San Pedro de La Paz en condiciones deplorables, y hasta hace unos días castigado en cocina, un lugar de vulneración flagrante de los derechos elementales, según dijo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que considera que el dirigente cocalero está afrontando una detención política.

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